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La neoliberalización de la universidad pública mexicana y su etapa de crisis por Sandra Paola Guerrero Solís

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LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEXICANA Y SU ETAPA DE CRISIS

The neoliberalization of the Mexican public university and its stage of crisis

Resumen: La política de neoliberalización en la universidad pública mexicana desde la década de los noventa, articulada principalmente por el ajuste presupuestal, la evaluación condicionada, la mercantilización y la privatización, ha desencadenado una espiral de crisis, que ha vulnerado su autonomía, deteriorado sus estructuras financiera, académica y administrativa, además de menguar dramáticamente sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura en su actual etapa de crisis. El problema es que la universidad pública mexicana se ha volcado a atender más fines mercantiles que sociales, por estar al servicio de la empresa y el sector productivo. Por lo tanto, la intensión de este artículo es la descripción y el análisis, mediante un mirador histórico, contextual y crítico de la situación actual de la crisis de la universidad pública en México. Se analizan los cambios que propiciaron el tránsito de la universidad pública, vinculada con los objetivos de desarrollo nacional, a otra modalidad de carácter meramente funcional en la universidad neoliberal. Luego se describe el proceso de neoliberalización de la universidad pública y cómo se fueron desmantelando ciertos mecanismos de privatización, mercantilización y precarización. Posteriormente se explica en qué consiste la crisis de la universidad pública mexicana, por ejemplo, el deterioro de sus estructuras financieras, institucionales, académicas y sociales. Finalmente se concluye con la necesidad de un nuevo proyecto de universidad pública, en el que se trazan algunas líneas de investigación o rutas para la reconstrucción o regeneración de una nueva política integral, dirigida a las universidades públicas autónomas. La coyuntura política actual del gobierno federal, abre perspectivas favorables que posibilitan proponer una reforma integral a la universidad pública mexicana, en un momento de transición donde habrá que definir claramente las premisas para una nueva reestructuración de la universidad pública en México desde la 4T.

Palabras clave: universidad pública, neoliberalización, crisis, transformación.

Abstract: The policy of neoliberalization in the Mexican public university since the 1990s, mainly articulated by budgetary adjustment, conditional evaluation, commercialization and privatization, has triggered a spiral of crisis, which has violated its autonomy, deteriorated its financial, academic and administrative structures, in addition to dramatically diminishing their substantive functions of teaching, research and dissemination of culture in its current stage of crisis. The problem is that the Mexican public university has turned to serve more commercial than social purposes, being at the service of companies and the productive sector. Therefore, the intention of this article is the description and analysis, through a historical, contextual and critical viewpoint of the current situation of the public university crisis in Mexico. The changes that led to the transit of the public university, linked to national development objectives, to another modality of a purely functional nature in the neoliberal university are analyzed. Then the process of neoliberalization of the public university and how certain mechanisms of privatization, commodification and precariousness were dismantled. Subsequently, it is explained what the crisis of the Mexican public university consists of, for example, the deterioration of its financial, institutional, academic and social structures. Finally, it concludes with the need for a new public university project, in which some lines of research or routes for the reconstruction or regeneration of a new integral policy, aimed at autonomous public universities, are drawn. The current political situation of the federal government opens up favorable perspectives that make it possible to propose a comprehensive reform to the Mexican public university, at a time of transition where the premises for a new restructuring of the public university in Mexico will have to be clearly defined from the so-called fourth transformation.

keywords: public university, neoliberalization, crisis, transformation.

Introducción  

Desde la década de los ochenta y particularmente en los noventa, se ha venido desmantelando paulatinamente una política en la universidad pública mexicana que la ha inducido al influjo de la neoliberalización. El fondo de la discusión y la verdadera disputa de la universidad pública y donde entra en juego el papel sustancial de la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo del país, tiene que ver con el contraste de dos visiones distintas de la educación. Una tiene que ver con la defensa de la universidad como un bien público y derecho humano, articulada a las necesidades sociales, volcada a principios democráticos, de obligatoriedad y gratuidad, preocupada por la formación integral de recursos humanos como una institución social y comunidad de pensamiento. Frente a otra postura que induce una universidad de calidad, de excelencia, pragmática, volcada a principios de mercantilización, privatización, exclusión social, precarización laboral y articulada con las necesidades de la empresa. Esta visión se enfoca a la preparación funcional del capital humano que requiere el sector mercantil, vista la universidad como corporación burocrática.

La política de neoliberalización que se ha venido induciendo en la educación superior, ha generado un mercado de servicios educativos y ha convertido a la universidad autónoma en una universidad menos pública y menos gratuita, incluso en una universidad-empresa, capaz de implantar preceptos gerenciales como la educación por competencias, empleabilidad, capital humano, entre otros, además de implementar criterios claros de eficiencia y productividad, generando ambientes de competitividad, individualismo, hiperevaluación y credencialismo exagerado. Esto último, margina al trabajo colaborativo y solidario y al pensamiento libre y crítico.

Actualmente el Estado mexicano destina del Producto Interno Bruto (PIB) el equivalente al 0.6% al rubro de Educación y el 0.3% a los rubros de Ciencia y Tecnología. El diagnóstico actual muestra que la universidad autónoma mexicana en el contexto de la neoliberalización a través de una política inducida, tiene a la universidad pública en una crisis permanente y generalizada, con tendencias claras de privatización y mercantilización que normalizan y administran la crisis dentro de las instituciones, sin pretender superar y transformar la crisis mediante un proyecto estructural de largo plazo y gran calado. Esta conducción suele tomar la forma de gestión o administración de la crisis y no de transformación, para la resolución coyuntural de los problemas estructurales de largo plazo en todas sus estructuras.

El panorama actual es el siguiente:

• Decrecimiento de universidades autónomas (no ha habido nuevas universidades). Lo que se ha dado, es una creación y expansión acelerada de universidades tecnológicas [i] y politécnicas, todas éstas orientadas a un perfil técnico que demanda el mercado laboral.
•  Las universidades privadas [ii] han crecido de forma exorbitante.
• Por medio de una “política inducida” se ha configurado un mercado de servicios educativos, con la idea de que la educación se mercantilice. La educación deja de ser algo central y el alumno se convierte en “consumidor”.
• La evaluación en la universidad ha sido condicionada, estandarizada y punitiva: Condicionada por figurar como “recurso concursable” al ser requisito para acceder a un financiamiento complementario (complemento salarial, becas, etc.,); estandarizada por arreglos a criterios de mercado y homogeneización de instrumentos; punitiva porque puede convertirse en un instrumento sutil de castigo para cerrar programas o despedir personal académico que no logra determinadas cosas.

La universidad pública ha sido la institución donde se han formado los profesionales y técnicos requeridos por el desarrollo económico, ha sido fuente productora del conocimiento científico y de pensamiento social de vanguardia, difundidora de la cultura y del patrimonio cultural del país. Detrás de todas sus actividades, subyace una visión de país y de desarrollo que pretende mejorar las condiciones de vida de la población. La crisis actual en toda la universidad pública autónoma del país, tiene que ver con el tránsito de la universidad mexicana tradicional y nacional a la universidad neoliberal. Esta última, modelada hacia una universidad pragmática, principalmente por dos puntos centrales: primero, el proyecto de evaluación desde el contexto neoliberal sirve para controlar y, segundo, la vinculación con la sociedad únicamente puede darse estableciendo relaciones con la industria y el sector productivo. Fue a partir de entonces que, desde los noventa hasta hoy, hemos llegado a un momento de crisis a través del secuestro por una política inducida de neoliberalización a la universidad pública. Ante semejante momento político y coyuntural se presenta la posibilidad de que se dé un proceso de transformación y superación de la crisis en la universidad pública autónoma de México, en el entendido que la universidad está llamada a cumplir un papel estratégico en la promoción del desarrollo y eventualmente a ofrecer las bases científicas y culturales para procesos de transformación sustantivos.

Pero ¿cuáles son las causas estructurales y políticas de la crisis que ha padecido la universidad pública en México? A continuación, se describe un diagnóstico multidimensional de la universidad pública mexicana, que analiza la estructura financiera, académica, institucional y social.

La postura metodológica consiste en un análisis estratégico de la crisis de la universidad pública y se aborda desde el mirador histórico, contextual y crítico. Es histórico al analizar la universidad pública como institución clave proveedora de cuadros pensantes para el desarrollo nacional de las capacidades científicas y tecnológicas, es contextual, por abordar el contexto del modelo de desarrollo neoliberal, en su fase de neoliberalización y es crítico por analizar elementos clave que explican momentos de crisis y transformación que identifican potencialidades de cambio.   

Se analizan los cambios que propiciaron el tránsito de la universidad pública, vinculada con los objetivos de desarrollo nacional, a otra modalidad de carácter meramente funcional en la universidad neoliberal. Luego se describe el proceso de neoliberalización de la universidad pública y cómo se fueron desmantelando ciertos mecanismos de privatización, mercantilización y precarización. Posteriormente, se explica en qué consiste la crisis de la universidad pública mexicana, por ejemplo, el deterioro de sus estructuras financieras, institucionales, académicas y sociales. Finalmente, se concluye con la necesidad de un nuevo proyecto de universidad pública, en el que se trazan algunas líneas de investigación  o rutas para la reconstrucción o regeneración de una nueva política integral, dirigida a las universidades públicas autónomas.

La argumentación que se desarrolla tiene el siguiente orden: 1) la política de neoliberalización de la Educación superior pretende generar un mercado de servicios educativos y reconvertir a la universidad pública en una universidad-empresa; 2) la política educativa se funda en preceptos gerenciales (educación por competencias, conceptos como servicios, calidad y excelencia, empleabilidad, capital humano) propiciando un ambiente de competitividad a ultranza entre pares, individualismo y pérdida de solidaridad; 3) la política de ajuste (austeridad, desfinanciamiento, decrecimiento) y la evaluación condicionada, entre otras disposiciones, generan una crisis inducida en la universidad pública y la conducción suele tomar la forma de gestión de la crisis antes que la solución a ésta. Concluye que son necesarias estrategias estructurales de gran calado y, por lo tanto, de largo plazo.

La transición de dos modelos: de la universidad nacional a la universidad neoliberal

La universidad pública ha tenido una presencia notable en la historia de México. De acuerdo a Campo (1996) y Smith (1979) “Ha sido la institución donde se han formado los profesionales y técnicos requeridos por el desarrollo económico, así como donde se han formado las élites políticas dirigentes” (En Muñoz, 2006, p. 66). Ha sido, además, según Muñoz (2006) “logro de la democracia e impulsora de cambios para el progreso de la sociedad, además fuente productora del conocimiento científico y pensamiento social de vanguardia, difundidora de la cultura y preservadora del patrimonio artístico del país” (Muñoz, 2006, p. 67).

La universidad pública constituye uno de los ejes de la política educativa y social que tiene un alcance fundamental en tres dimensiones. La primera dimensión se vincula con la generación del conocimiento científico y tecnológico, que, a su vez, son los pilares del crecimiento económico. La segunda, con la formación de los recursos humanos, que se pretende capitalicen los saberes científicos y tecnológicos, a la par que facilitan la movilidad social. La tercera se vincula con el apoyo para la definición de los programas de políticas públicas y para su ejecución a través de los cuadros administrativos y políticos. En su conjunto, detrás de todas sus actividades, subyace una visión de país y de desarrollo en su acepción más amplia como el diseño de programas coherentemente articulados para lograr la mejora de las condiciones de vida de la población.

Si en términos generales se acepta que este es el papel de la universidad, en la práctica, el sistema educativo ha sido transformado en un proveedor de mano de obra funcional, para realizar las tareas más simples que demanda un modelo productivo de carácter maquilador, así como para proveer de conocimientos para las empresas que, a través de la mano de obra educada y de los conocimientos técnicos que les ofrecen las universidades, obtienen recursos por los que no han pagado del todo, es decir, se han privatizado los beneficios de la universidad pública.

A mediados de los años ochenta, era clara la intención de transformar el modelo educativo y también las disputas por dirigir la universidad hacia un rumbo distinto al que había tenido en los años previos, pero la inserción de funcionarios públicos con una visión ortodoxa cambiaría el perfil universitario:

Tenemos que ver la crisis como el cuestionamiento que sufre en estos momentos un modelo de universidad que es el modelo liberal desde dos perspectivas alternas: una, desde la perspectiva modernizadora del capital que podemos llamar “tecnocrática” y otra, la perspectiva que busca integrar la universidad a la satisfacción de necesidades sociales que podemos llamar la perspectiva democrática y socialista (Guevara Niebla, 1987, p. 29).

Correspondió a Miguel de la Madrid (1982-1988) afrontar las medidas recesivas inmediatas al estallamiento de la crisis de la deuda. Las medidas de ajuste corresponden al recetario ortodoxo propuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con medidas y resultados ya conocidos en términos de recesión, marginación y pobreza. Los dos primeros puntos del primer Consenso de Washington en el año 1989: Disciplina presupuestaria de los gobiernos y Reorientar el gasto gubernamental en áreas de educación y salud, son fundamentales para entender las vicisitudes por las que transita desde entonces la universidad pública en México. No solo se aplicaron las medidas ortodoxas de ajuste con severidad, sino que también los instrumentadores de dichas medidas fueron los encargados de las políticas públicas formados en universidades de Estados Unidos y en las universidades privadas mexicanas, que desde entonces fueron conocidos como “tecnócratas” en razón de su apego a la ortodoxia económica y que desde entonces han ocupado las primeras posiciones en el gobierno mexicano, dejando fuera a los egresados de las universidades públicas.

Según lo analizó Brunner (1985) el momento constitutivo de la modernidad en la universidad fue la conformación del mercado académico, es decir, que el mercado académico subyace a una nueva división del trabajo y por tanto a la producción y transmisión de conocimientos, por disciplinas especializadas, por tanto “opera en este mercado un nuevo tipo de profesional, un hombre que no necesariamente vive para la cultura o el conocimiento, pero que de cualquier modo vive de la cultura” (Brunner 1985, p. 7).  Graciarena (1984) afirma que “al profesionalizarse la universidad se ligó cada vez más a la economía como productora de recursos humanos y de innovaciones técnicas, pero se sometió a la política del Estado, definiendo su espacio de libertad académica e ideológica” (Graciarena, 1984, p. 34).

La modernización trajo consigo en todas partes “una exigencia de racionalización, previsión y programación” (Brunner, 1985, p. 17). Un documento clave que refiere a la crítica de la universidad tradicional y, por tanto, una propuesta para la modernización de la universidad es el trabajo de la CEPAL Educación, Recursos Humanos y Desarrollo en América Latina publicado a finales de los 60. En dicho documento, la modernización hace énfasis en la formación de recursos humanos para las empresas por parte de las universidades y será el antecedente de la visión de “capital humano” que posteriormente se desarrollará en los años ochenta y noventa. Ya en la modernización universitaria, el rol del catedrático es sustituido por el administrador universitario: “en adelante, su fuerza volverá ser de tipo ´extraparlamentaria´o ´antisistémica´ más que de representación y de participación formal en esta peculiar arena política” (Brunner 1985, p. 21).

Desde la perspectiva latinoamericana, la preocupación no ha sido menor, muchos gobiernos de la región aceptaron la imposición de medidas de ajuste estructural y de apertura comercial que al igual que en México, se tradujeron en el desapego y abandono de un proyecto y una estrategia nacional frente a la globalización. Ibarra Colado (2009) rastreó 4 épocas por las que ha transitado la universidad en México y en la que actualmente nos encontramos.

1.- En 1910, la fundación de la Universidad Nacional de México

2.- En 1945, las disputas por la obtención de autonomía y su Ley Orgánica de la UNAM

3.- En 1950, la expansión no regulada

4.- En 1980, la era de la modernización que reorientó el sistema bajo los principios de burocracia, profesionalización y mercado (Ibarra, 2009).

La tercera y cuarta épocas son básicas para entender los procesos que tuvo la universidad para conformarse como institución “moderna” lo que representa, de acuerdo a Ibarra “una organización sustentada en la racionalidad de sus estructuras y sistemas de gestión para cumplir con sus funciones sustantivas” (Ibarra, 2009, p. 7).

La universidad pública en México ha pasado por tres grandes reformas universitarias de acuerdo con Recéndez (2010) la primera reforma que va de 1918 a 1968, con el Estado oligárquico, la segunda reforma que va de 1969 a 1985 con un Estado centralista y la tercera reforma que va de 1985 a la fecha con un Estado neoliberal (Recéndez, 2010). En el siguiente cuadro se puntualiza, en términos generales, la tercera reforma universitaria, tema de esta investigación:

Características de la reforma neoliberal a la universidad pública en México

Fuente: Elaboración propia. En base a lo descrito por Recéndez, 2010.

De acuerdo con Moreno (2014) “el sistema de universidades públicas de México transitó de un modelo caracterizado por bajos niveles de competencia y de intervención gubernamental a otro dominado por un gran activismo del gobierno y un moderado incremento de la competencia” (p. 41).  Los dos ejes nodales de las actuales reformas educativas, en el discurso oficial, son calidad o excelencia y equidad educativa. Casi todo lo que trajo el proyecto para la modernización de la educación superior en México fue privilegiar la relación de la universidad con la industria y el gobierno antes que la relación de la universidad con la sociedad, o las necesidades a los problemas sociales del país, eliminando contendidos sociales de los planes de estudio e implementando el enfoque educativo basado en competencias, con el fin de fortalecer el nexo universidad-empresa.

El enfoque eficientista que subyace a las políticas neoliberales y la importancia que le asignan a la reducción del gasto en educación cambiaron esta situación particularmente desde los noventa. A partir de entonces, la búsqueda de avances científicos vinculados con el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas ha sido la nota distintiva de la política de investigación científica universitaria. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe Sobre las Políticas Nacionales de Educación de 1997, señaló que:

El sentido oficial que se requiere otorgar a la pertinencia social de los programas universitarios no implica la generación de calidad, representa más bien los intereses del Estado por orientar la educación superior hacia las áreas que están siendo reclamadas por el actual modelo económico de libre mercado (OCDE, 2002, p. 106).

Para efecto de contraste, se muestra el siguiente cuadro sobre las características generales de la universidad pública en México, es decir el paso de una  universidad de masas o popular antes de la década del ochenta, frente a las características de una universidad más pragmática o neoliberal después de los ochenta y más particularmente en los noventa.

Características generales de las visiones de la universidad popular

frente a la universidad neoliberal

Fuente: Elaboración propia.

Cabe la aclaración puntual de que no se trata de criticar al modelo neoliberal per se, sino la implantación de sus mecanismos de eficiencia y productividad articulados casi por completo a fines mercantiles y productivos en la universidad pública mexicana. El mayor reclamo es que la universidad pública autónoma mexicana ha dejado de ser una institución social preocupada por la formación de cuadros pensantes que puedan desde distintos campos del saber incrementar no sólo índices cuantitativos de crecimiento económico (que es muy importante) sino también incrementar las capacidades cualitativas de desarrollo social en la población. 

En síntesis, el diagnóstico de la crisis actual que padece la universidad pública al día de hoy, tiene que ver con el lamentable tránsito que se dio de la universidad mexicana tradicional de masas a la universidad neoliberal. Esta última, organizada como una universidad pragmática, principalmente por dos puntos centrales: el proyecto de evaluación desde el contexto neoliberal sirve para controlar y la vinculación con la sociedad, pensada de tal manera, que únicamente puede darse estableciendo relaciones con la industria y el sector productivo. Es a partir de entonces que comienza el proceso de neoliberalización de la universidad pública que se caracteriza a continuación.

Caracterización de la neoliberalización en la universidad pública

La neoliberalización de la universidad pública significa que la concepción de una universidad con rasgos democráticos deja de ser una institución encaminada al bien público como un derecho humano, para convertirse en una concepción diferente, es decir una universidad que debe ser de excelencia, de calidad, volcada el mercado y poco articulada a necesidades sociales.

La política inducida que se vino desmantelando paulatinamente (iniciada por la estructura financiera) provocó que la universidad dejó de ser cada vez menos pública y menos gratuita, al empezar a generar cobros cada vez más graduales y con mayor frecuencia. Incluso su modo de operar se normalizó. Por lo tanto, se observa claramente la tendencia a la privatización y mercantilización en la universidad pública mexicana.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y UNESCO proclamaron un discurso que derivó de un entramado institucional para alinear a la educación global a las exigencias del mercado corporativo. Dicha estructuración, como se señala  en  Análisis crítico de la Reforma del sistema educativo colombiano 1990-2014, “posibilitó la educación superior bajo un objetivo: subordinar conciencias a los intereses del capital global” (Arce, 2016, p. 25). El panorama para la educación superior comenzó a cambiar radicalmente después de 1945. “El número de universidades se expandió considerablemente; y consecuentemente, el porcentaje de personas en el rango de edad que asistía a las universidades comenzó a crecer” (Wallerstein, 2012, p.4).

En definitiva, la trasformación más relevante que sufre la universidad neoliberal es la conformación del mercado académico. Y ello conlleva una nueva constitución de la división del trabajo, nuevos formatos de la trasmisión de los conocimientos y una lozana organización en cuanto a disciplinas que tiende a la especialización, por estas razones se obtiene un nuevo tipo de profesional. En este sentido señala Brunner lo siguiente:

Al profesionalizarse la universidad se ligó cada vez más a la economía como productora de recursos humanos y de innovaciones técnicas, pero se sometió a la política del Estado a cuyo amparo trató de definir su espacio de libertad académica e ideológica (Brunner, 1985, p. 10).

Surgiendo así la demanda de un nuevo personal calificado, debido a un nuevo modo de producción industrial y a los cambios e innovaciones en el ámbito económico. El entramado de la política de ajuste/recorte/austeridad (inauguró en los ochenta las medidas de recorte al gasto y para los noventa hubo una reducción brutal al gasto público dedicado a la educación) trazado por una gran directriz desde la lógica internacional. Esta lógica proviene de organismos multilaterales entre otros como el BM, OCDE, FMI, UNESCO, que persiguen lineamientos financieros para reestructurar el Estado y garantizar la transferencia de recursos públicos al capital financiero, que repercute directamente en la caída del gasto social, en las políticas sociales de salud, educación, vivienda, alimentación etc. Esto implica en el largo plazo, la caída del financiamiento público en la universidad pública mexicana.

No se puede entender la perspectiva de la idea de modernización, sin la participación de la OCDE. Su propósito ha sido el de integrar a la economía y a la sociedad mexicana en un proyecto global, sobre la base de una visión economicista. En 1994, México se convirtió en miembro de la OCDE, considerándose ésta, la institución clave para entender las reformas educativas. Su participación ha permitido a México aprovechar las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros, además de ser puente de comunicación entre los países desarrollados y en desarrollo.

La OCDE a nivel internacional, estableció los lineamientos para esta estrategia modernizadora. En el informe Habilidades y Competencias del Siglo XXI para los Aprendices del Nuevo Milenio en los Países de la OCDE (2009) se plantea que los objetivos se sustentan en el análisis de los efectos de las nuevas tecnologías en el desarrollo cognitivo, para lo que se requería de nuevas habilidades y competencias. Estas habilidades y competencias enfatizaron la relación con las necesidades de los modelos emergentes de desarrollo económico y social, es decir básicamente el informe examinó la evaluación de las competencias que todos los países miembros deben cumplir. El documento señala lo siguiente:

Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para identificar y conceptualizar correctamente el conjunto de habilidades y competencias requeridas, según los estándares educativos que cada estudiante debe ser capaz de alcanzar al final de la educación obligatoria. Para ello, las autoridades educativas deberían ser conscientes de que para tener éxito en este proceso ha de hacerse un doble esfuerzo: fomentar la participación de las instituciones económicas y sociales desde empresas privadas hasta instituciones de educación superior (OCDE, 2009, p. 3).

Las competencias colonizan hoy los sistemas educativos. El neoliberalismo coloca al estudiante al servicio de las necesidades de la economía y de los sectores corporativos; no en un esquema que forma al individuo de acuerdo a las necesidades sociales. Las directrices impuestas por el Banco Mundial —uno de los principales promotores de las políticas neoliberales— en materia educativa, buscan imponer el paradigma empresarial en la universidad pública, fincado en una concepción de capitalismo cognitivo, que convierte a los docentes en operarios de la enseñanza y los alumnos en consumidores de la enseñanza.

Como parte del Proceso de Bolonia a finales de los 90, nació El Proyecto Tuning [iii] según Aboites (2010) “metafóricamente significa sintonizar o afinar todos los instrumentos de una orquesta a fin, de que en conjunto produzcan una melodía armónica” (p. 130). Se trataba de uniformizar a todas las instituciones de educación superior, la cristalización del Proyecto Tuning son “las competencias”. La entronización del Proyecto Tuning de competencias surge en el contexto de la economía del conocimiento, misma que se encuentra ligada y subordinada a los objetivos de integración económica. Desde que el Proceso de Bolonia se extendió a América Latina hemos vivido el protagonismo de una Educación Basada en Competencias (EBC). Mediante este modelo similar, aplicado en la Unión Europea y algunos países de América Latina, se ha permeado una visión educativa tecnócrata. Por lo tanto, se observa que desde la década de los 90 se ha venido articulando la comercialización de servicios entre Europa y América Latina y para los primeros años del siglo XXI, se replicó la experiencia encabezada por el consorcio de universidades europeas y por la banca del grupo Santander, a través de la fundación llamada Universia. Aboites (2010) sostiene que: “se hacen apoyos financieros para becas, investigaciones, formación de profesores, movilidad estudiantil y académica, apoyo en la capacitación en el uso de nuevas tecnologías, bolsas de empleo, foros, intercambios que tienen que ver con la modernización de la educación superior” (p. 128).

Esta  entronización europea, tiene que ver con implantar la idea de cómo debe ser el proceso formativo de los profesionales, es decir, qué objetivos deben cumplir, qué valores, capacidades y orientación debe tener la educación en la formación del capital humano. Esto es una demostración de la financiarización del sistema educativo en el marco de la globalización existente. Es también una subordinación de los Estados a los intereses privados y aunque las universidades públicas no se privaticen directamente, sí lo son de facto.  Ésta es la peor de las privatizaciones, pues jurídicamente son instituciones públicas.

A inicios del siglo XXI, las implicaciones en cuanto a las competencias genéricas y específicas han sido debatibles, debido a que es un modelo implantado como tal a otras realidades. Un modelo adoptado y no adaptado; ni siquiera establece una mínima diferenciación entre lo regional, local, nacional e internacional. En el caso de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) son las instituciones que regulan el sistema de educación superior en el país. ANUIES forma parte del comité de gestión del Proyecto Alfa Tuning en América Latina. Ha sido un referente para las universidades públicas que ha llevado a que las estructuras y los contenidos de los estudios estén en consonancia con lo que el proyecto propone, por medio de la agrupación académica como lo es el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) encargada de la gestión de recursos, programas de movilidad estudiantil entre otras actividades. De acuerdo a la configuración social y laboral que atañe al sector educativo, la tendencia radica en seguir las pautas y los estándares mundiales que imponen las organizaciones internacionales como la UNESCO, OCDE, CEPAL, OIE, BM, BID.

Bajo este mismo contexto histórico e institucional, surgen en México organismos evaluadores y acreditadores que tienen que ver con acreditar [iv] y evaluar los programas educativos en las Instituciones de Educación Superior (IES), con el objetivo de garantizar la calidad en la educación, ya que un programa evaluado y acreditado denota confianza al sector productivo, porque cumple con la narrativa de formar y diseñar profesionales competentes, emprendedores y capaces de demostrar sus conocimientos, habilidades y destrezas que demandan los imperativos económicos e ideológicos del capital global. Bajo esta inercia se va adquiriendo el espíritu de empresa y reforzando valores propios del sector productivo como el éxito, la competitividad y la individualidad, sin duda valores importantes, pero el problema es que el fin en sí mismo tiene poca relevancia social. 

Por lo tanto, las políticas internacionales y consecuentemente nacionales orientadas hacia las instituciones de educación superior, particularmente a la universidad pública, han estado orientadas hacia el aseguramiento de la calidad por la vía de la evaluación de los desempeños de las personas, de los programas académicos y de las instituciones en lo individual. “Estos programas se aplican y se seguirán aplicando sólo para cumplir con las exigencias gubernamentales, porque de allí se derivan los recursos del subsidio público, o bien para mantenerse en el reconocimiento de parte del gobierno y sus instancias” (Didriksson, 2005, p. 65).  Por otro lado, señala Porter (2003)  que la Oda modernizadora no ha dejado de murmurarnos al oído sus cánticos seductores, al edificar nuevos aparatos que alimentan a la universidad de papel [v] como son: Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa Institucional de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP).

En el plano nacional, los organismos evaluadores, como los anteriormente mencionados, aunado al PNPC y SNI, son los dispositivos evaluadores nacionales. En el plano internacional, las universidades también son evaluadas, pero sobre todo clasificadas por los rankings [vi] internacionales, dejando ver que, al igual que en México, el sistema educativo superior se encuentra diversificado y segmentado. Dichas instancias se encargan de asignar criterios de evaluación para determinar, por medio de estas pautas de medición, las posiciones en un organigrama de universidades a nivel nacional e internacional. 

La implementación de lo que fue la Nueva Gestión Pública (NGP), entendida como un cúmulo de reformas y normas que son instaladas en la sociedad y particularmente, la implementación en la universidad de esta NGP a partir de valores y principios de un gobierno moderno, crea una forma de administrar y racionalizar la universidad pública por parte del Estado que coopta justamente su autonomía. La NGP tiene que ver con articular una nueva relación entre burocracia, gobierno y sociedad. Combina elementos de técnicas y gestión empresarial orientadas a resultados, indicadores, recompensas y procedimientos que tienen relación directa con la administración. Se propagaron certificaciones, auditorias, evaluaciones, donde todo queda sujeto a resultados. Ello ha venido de gobiernos anglosajones y países desarrollados. De acuerdo con Aguilar, podemos entender la NGP de la siguiente manera:

El cambio en las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos y operativos del gobierno, que por sus propósitos, modos o resultados se orientan hacia formas pos-burocráticas de organización, dirección y operación, con el fin de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública (En Moreno, 2017, p. 32).

La lógica de la NGP en la educación superior fue bastante receptiva a este enfoque, trastocando los modos de financiamiento y la relación entre gobierno y las universidades públicas, como se ha señalado, así como alteraciones en los modos de evaluar y acreditar a dichas instituciones.

Este gerencialismo ha cooptado a la educación de México en todos sus niveles educativos. Dándose la extrapolación de una visión de servicios gerenciales y administrativos al ámbito educativo. Por lo que la educación se ha hecho cada vez más instrumental, pero sobre todo más pragmática y menos crítica. Pragmática por que prevalece el sentido de una educación por competencias, que pone en detrimento una educación más preocupada por la formación de ciudadanos con virtudes éticas y pensamiento crítico. Además de una insistencia a evaluar que privilegian resultados eminentemente cuantitativos.

En México, uno de los principales impulsores del modelo neoliberal fue Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) quien fortaleció el retiro del Estado en cuestiones de financiamiento al profundizar las estrategias de modernización. El Programa de Modernización Educativa (PME) contenido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, contemplaba la evaluación y la calidad como elementos claves para la modernización. El PME de acuerdo con Sánchez (s.f) enfatizó la aplicación de políticas para la formación de recursos, así como en la evaluación y el fomento al desarrollo tecnológico, surgen grupos de trabajo investigativo y más. De acuerdo con Sánchez (s.f) el proyecto educativo se moldeó en base a las características que planteó la estrategia económica modernizadora del gobierno salinista, lo que representó: un énfasis en la calidad, el retiro del Estado, la descentralización, la marginación de los sindicatos, la rendición de cuentas que condicionaría la asignación de recursos y, por supuesto, la evaluación y la vinculación entre el sistema educativo y el productivo. El propósito y sentido de la modernización quedó plasmado en el Plan de Desarrollo del sexenio de Salinas:

El propósito de la modernización consiste en el apoyo a acciones que permitan cumplir con sus fines a las instituciones, vinculando sus actividades a los requerimientos del desarrollo nacional; la concentración de políticas para la atención de la demanda educativa; el impulso a la evaluación como medida de racionalización y reordenación interna, en correspondencia a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social (Plan Nacional de Desarrollo, 1988-1994, México, Ejecutivo Federal, 1989, p. 198).

El objetivo era, según Sánchez (s.f) “lograr mayor competitividad de los recursos humanos para la economía del libre mercado” (s.p.). El papel del Estado evaluador se presentó como un interventor que aseguraría la elevación de la calidad de los productos de investigación y docencia y promotor de la competitividad entre las instituciones universitarias. Las definiciones de mercado y evaluación desde el Estado influyeron durante todo el período de los ochenta y los noventa en las universidades públicas. Al respecto Didrikkson señala:

Un giro que implicó pasar del énfasis en la atención a la demanda social, en la inversión en la expansión de instituciones y en la reproducción ampliada de recursos humanos hacia la evaluación de la calidad del trabajo académico, la acreditación de instituciones y la justificación permanente de la contracción del gasto público (Didriksson, 2005, p.13).

Crisis de la universidad pública en México

Estructura financiera

La década de los 90 inauguró la caída del gasto social y en particular la contracción del financiamiento de las instituciones públicas mexicanas. Es decir, la tendencia al decrecimiento del financiamiento a la educación superior pública. Actualmente la tasa bruta de financiamiento de la educación superior es de sólo 0.4% del producto interno bruto (PIB) [vii] para esto, México tiene una cobertura baja en contraste con los demás países miembros de la OCDE, manteniendo un promedio del 37%, frente a la media para América Latina de 48.38% y de 74.7% para los países miembros de la OCDE, lo que indica que en México de cada 10 jóvenes, 3 asisten a las instituciones de educación superior; son jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. México tiene uno de los gastos por estudiante más bajos entre los países miembros de la OCDE, con sólo 300 dólares por alumno. En términos generales y desde una visión caleidoscópica:

México experimenta una gran crisis multidimensional que se agrava con la violencia irrefrenable, el aumento de la pobreza, la migración forzada y la violación de los derechos humanos. En este contexto la universidad pública está llamada a cumplir una misión social estratégica para impulsar un desarrollo humano incluyente y la consolidación de la vida democrática (Márquez, 2019, p. 3).

El escenario anterior no solo ha permeado en la universidad pública al tenerla en situación de crisis, también trastoca otro tipo de crisis de la sociedad en general, por ejemplo, de valores cívicos y éticos, de prácticas en términos de libertades y seguridad social, es decir, mediante una crisis generalizada se ha rasgado el tejido social, no obstante, la oportunidad para poder hacer algo puede surgir en la universidad.

El sistema de educación superior mexicano se divide en 13 subsistemas, lo que lo hace complejo y diverso. Estos subsistemas son esencialmente distintos en cuanto a instituciones, programas, estructuras de gobierno, acuerdos de financiamiento, dependencia gubernamental, calidad, así como sus actividades de investigación y docencia. El sistema de Educación Superior en México está integrado por universidades públicas autónomas, institutos tecnológicos, centros de investigación públicos Conacyt, escuelas normales y otros. Existiendo un desarrollo desigual entre las universidades públicas federales por mencionar algunas como la UNAM, IPN, UPN frente a todas las universidades estatales autónomas públicas. El desarrollo desigual en el sistema de instituciones de educación superior es diversificado. La principal diferencia son universidades estatales y universidades nacionales. Las que se encuentran en zonas metropolitanas poseen mayor presencia en el país debido al presupuesto que se les destina y en consecuencia, reciben mayor subsidio por alumno. Es tan amplio el abanico de las nacionales a las estatales que difiere según sea el caso. Por ejemplo, mientras algunas universidades nacionales reciben 107 mil pesos de subsidio federal por alumno, algunas estatales reciben 38 mil pesos. El desarrollo desigual dentro de las universidades se encuentra muy polarizado debido a concepciones que se tienen de ciertos sectores, como grandes, privilegiadas e importantes frente a las de provincia, subsumidas en su espiral ascendente de crisis. En términos generales, se trata de achicar brechas entre las federales y estatales para garantizar el desarrollo de las actividades sustantivas.

Actualmente en México existen 34 universidades públicas estatales (UPES) que figuran como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales, dotados de autonomía y creados por decreto de los congresos locales. Once de las 34 UPES se encuentran en colapso financiero: Morelos, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Baja California, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Nayarit y Zacatecas. En términos generales, la universidad pública en México ha venido padeciendo algunas crisis que han trastocado algunas de sus estructuras como la institucional, académica, administrativa y por supuesto la financiera.

La política de ajuste al presupuesto en educación ha desmantelado una serie de factores que han volcado a algunas universidades públicas al borde del colapso. Debido a esta reducción de presupuesto, han presentado problemas cada vez más agudos relacionados con la administración de sus ingresos, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad financiera y su gobernabilidad al interior de cada una de ellas. Ahora bien ¿qué las ha llevado al borde del colapso? O dicho de otra manera ¿qué ha incidido en el déficit financiero de las universidades públicas autónomas estatales? Principalmente tres factores de acuerdo al informe integralia (2019), estos son los siguientes:

1. Aumento de matrícula [viii] y personal docente
2. Incremento en los salarios y prestaciones
3. Desorden en el sistema de pensiones

El mismo informe, determinó lo siguiente:

El número de alumnos inscritos en la modalidad escolarizada pasó de 1 millón 252 mil en el ciclo escolar 1990-1991 a 3 millones 865 mil alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018, lo que significa un aumento de más del 300%. Si a esta cifra se le suma la modalidad no escolarizada –educación abierta y a distancia–, la matrícula total para el periodo 2017-2018 fue de 4 millones 561 mil alumnos, de los cuales el 64.8% fue atendido por instituciones públicas y el 35.2% por instituciones privadas. Asimismo, la planta académica creció en un 295%, al pasar de 134 mil 424 profesores durante el ciclo escolar 1990-1991 a 397 mil 671 docentes en 2017 (Integralia, 2019, p. 11).

En el caso de las prestaciones salariales, el personal docente y administrativo ha gozado de atractivas prestaciones salariales. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo señala que el aguinaldo correspondería a lo relativo a 15 días, mientras que en promedio las UPES dan a su personal lo relativo a 54 días. Es así como se va generando una espiral ascendente de déficit en las instituciones de educación superior.

En el rubro de “sueldos y salarios” desafortunadamente en algunas universidades como: Oaxaca, Morelos, Estado de México y Chiapas, este rubro representa el 100 por ciento del subsidio ordinario, es decir para cubrir sus gastos de nómina, deben recurrir a fondos extraordinarios e incluso a ingresos propios, cabe señalar que éstos últimos, han venido disminuyendo dramáticamente.

El desorden en el sistema de pensiones [ix] indica que las prestaciones son exorbitantes y los aguinaldos son excesivos. Por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de Morelos, el aguinaldo que se da, corresponde a 90 días y 32 días de prima vacacional. En ese sentido, es necesario reformar el esquema de pensiones y jubilaciones, delineando un esquema uniforme que evite duplicidades, aumentando la edad y años de servicio para la jubilación, además fomentar la aportación de trabajadores y universidad al fondo de pensiones y eliminar pensiones dinámicas.

A raíz de semejantes condiciones, las inercias generadas al interior de la universidad, se convierten en centros de poder político [x], es decir algunos rectores se han interesado en ocupar carreras políticas, dejando de ser académicos para convertirse en funcionarios políticos.

El modelo de financiamiento que tienen las UPES es por medio de recursos públicos, a través de tres fuentes: transferencias federales, estatales e ingresos propios. El gobierno federal [xi] otorga financiamiento anual a través de un subsidio ordinario y subsidios extraordinarios. Por su parte, los gobiernos estatales también contribuyen mediante un subsidio ordinario y algunos de carácter extraordinario; por último, aunque en menor proporción, las universidades aportan recursos propios a su presupuesto anual mediante las cuotas de servicios académicos, ingresos financieros y otros ingresos.

Lo óptimo es que exista un 50 por ciento del subsidio al gobierno federal y otro 50 por ciento al gobierno estatal. Según documenta la consultoría Integralia: “en 2017 los recursos federales representaron, en promedio, el 58% de los ingresos totales, mientras que los estatales representaron el 27%; los ingresos propios representaron apenas el 12%” (Integralia, 2019, p. 12). En general, los recursos provenientes del gobierno federal son los que predominan en el subsidio otorgado a las UPES.

El presupuesto total de las UPES ha presentado en términos generales, una tendencia a la baja: “De 2015 a 2017, el presupuesto total disminuyó, en promedio, 11% anual, en términos reales. No obstante, son los ingresos propios y el subsidio federal los que presentan la mayor disminución, con 15.5% y 5% en términos reales, respectivamente” (Integralia, 2019, p. 12).

El gasto por alumno también ha disminuido: “Entre 2009 y 2017, la matrícula universitaria se incrementó 51% mientras que el presupuesto de educación superior sólo creció 18%, ello se traduce en una disminución del gasto por alumno de 22%” (Márquez, 2019, p. 41). El estudio de Integralia consultores expone en su reporte que:

El gasto nacional por alumno en el nivel superior disminuyó, en promedio anual, 2.22% en términos reales, al pasar de 85,470 pesos a 79,900 pesos constantes. En el caso de las UPES, la caída en el gasto por alumno ha sido aún más pronunciada, al pasar de casi 100 mil pesos en 2014, términos reales, a 77,644 en 2017 (Integralia, 2019, p. 13).

La ruta de negociación presupuestaria pasa por procesos de negociación política. Intervienen  varios organismos y el seguimiento es el siguiente: en los meses de mayo y junio la SEP, a través de la Dirección General de Educación Superior (DGESU), elabora el anteproyecto de presupuesto federal para las UPES de manera inercial, con base en el presupuesto del año anterior más los incrementos derivados de nuevas plazas y aumentos salariales. Para el mes de agosto, el anteproyecto se envía a la SHCP para valorar su consideración para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en esta etapa Hacienda puede hacer modificaciones a la propuesta de la SEP. En septiembre se envía el PPEF a la Cámara de Diputados, quienes analizan, modifican y aprueban el PPEF, incluido el subsidio federal para las UPES. En el momento en que el presupuesto es aprobado, la SHCP informa a la SEP el techo presupuestario de recursos federales ordinarios para cada una de las entidades federativas.

Para atender un poco a dicha estructura, se propone delinear lo que vendría siendo una política con visión de Estado que garantiza una educación pública, gratuita y obligatoria. Además, las instituciones estatales y federales tienen una mayor coordinación para hacer cumplir con sus objetivos educativos, uno de ellos tiene que ver con que el presupuesto sea adecuado, progresivo, irreductible y multianual. Significa también que el precepto de “obligatoriedad” es el que le corresponde al Estado por estar obligado a garantizar educación a toda la sociedad. Dicha política insiste en que todas las partes “estén de acuerdo”, refiriéndonos a los organismos nacionales como la SHCP; SEP, ANUIES, gobiernos federales y locales estén en el mismo canal y acuerden las directrices hacia las universidades públicas, evitando discrepancias, que, a su vez, provoquen segmentación y diferenciación dentro de estas instituciones educativas.

Estructura académica

La mercantilización es una tendencia a transformar los servicios educativos en mercancías. Esto sin que la universidad se convierta propiamente en una universidad privada; la universidad no es privada, solamente es una tendencia a convertir sus servicios en mercancía, con el objetivo de cubrir el déficit que ha generado el Estado. Decimos que la universidad se mercantiliza básicamente cuando se empieza a mercadizar, en el afán de incrementar sus ingresos propios, comienza a implementar cobros por sus servicios básicos y no tan básicos, como expedir una constancia académica, el cobro de cuotas, colegiaturas, cobro de exámenes, cuotas de recuperación de cursos, talleres, inscripciones a coloquios, seminarios, diplomados, etc.,

Desde hace más de dos décadas ha decrecido el recurso del subsidio público y por eso las universidades públicas estatales se han volcado a la mercantilización. La visión, misión y esencia de la universidad pública mexicana ha estado modificando sus directrices básicas hacia el mercado y la empresa y alejando sus horizontes de la sociedad. Es así que se ha venido implantando un modelo de universidad-empresa que alude a la concepción de naturaleza empresarial y por eso, la educación basada en competencias, se puede decir, que es como si fuera una educación basada en competencias laborales que marcan los sectores específicos del mercado y de la empresa, como si estos sectores dibujaran el retrato hablado del capital humano que egresa de las universidades. No es que los perfiles de empleabilidad sean incorrectos, pero sí sostenemos que son limitados y más cuando se supone que la universidad pública es el espacio social que tiene como encomienda la formación amplia de los estudiantes y no solo una formación limitada para el trabajo. Es entonces cuando afirmamos que la universidad debe rebasar el conocimiento útil para el trabajo y proponer algo más amplio, un conocimiento social para la vida. 

La privatización como tendencia de la neoliberalización en la universidad consolida el binomio “universidad-empresa” pues se empiezan a introducir criterios y principios relacionados con la “gerencia” dando una reconversión a programas educativos de necesidades concretas del sector empresarial; la universidad no se convierte en privada, pero sí está latente la tendencia al mercado, a la agencia y a la empresa en esta reconversión de los planes de estudio y del currículo universitario, al considerar como visión educativa la formación de un capital humano y no la de un recurso humano.

En pocas palabras, el sector público educativo se subordina a las necesidades concretas del sector privado. En los últimos años, la universidad privada ha crecido de manera exponencial en América Latina y, especialmente en México, la tendencia hacia esta modalidad ha “cobijado” a una gran parte de la población joven en sus instituciones, al respecto señala Alemán (2019) “el discurso favorable a la privatización expresa, que la educación superior privada ahorra al Estado mexicano 145 mil millones de pesos educando a un 1 millón 600 mil estudiantes, 35% de la matrícula universitaria, según la fimpes” (En Márquez, 2019, p. 44). La matrícula en las instituciones de educación superior del sector privado creció de 19% en 1990 a 33% en 2017 y algo importante, la matrícula en posgrado ha llegado al 58%. Podemos inferir la clara tendencia que abarca dicha modalidad. Sin embargo, hemos escuchado con frecuencia expresiones como “universidades patito” y es difícil ignorar dicha expresión cuando hablamos de universidades privadas. ¿A qué se le llama universidad patito? Comenta Márquez (2019) que la mayoría de los planteles universitarios en México son del sector privado y que de las 3,800 universidades en el país, 2,600 aproximadamente son privadas, por lo que el resto, es decir, 1,200 pertenecen al sector público. Ahora bien -volviendo a la expresión- de las 2,600 solo 103 universidades privadas forman parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (fimpes), y esto significa, que las 103 que pertenecen a este organismo, adoptan estándares de acreditación superiores a los estipulados por la SEP, a lo que la mayoría de las universidades privadas son patito, o sea las 2,497 restantes. 

Por otro lado, la privatización en la universidad se da en un contexto donde empresas y bancos forman parte de la triangulación de manejos algo perversos, donde determinados fondos se trabajan con cierto interés, es decir, dinero público es canalizado a determinado interés personal, lo bastante lejos para poder figurar como fin social. En la triangulación intervienen los siguientes elementos: dinero-empresa-proyecto desde la universidad, con el afán de ir generando investigación y mejoras tecnológicas en las diferentes empresas, por medio de la universidad. Volvemos aclarar, la relación universidad y empresa debe estar en consonancia con un proyecto social bien articulado, para fortalecer nexos entre universidad-empresa y sociedad. El problema radica en perseguir únicamente fines empresariales y personales por encima del crecimiento y desarrollo social.  

Otra tendencia de la crisis es la precarización, auspiciada por la transición del capitalismo industrial-financiero al capitalismo cognitivo, basado en el aumento del valor del trabajo inmaterial intelectual. Se relaciona con la terminología, sociedad del conocimiento, economía del conocimiento y trabajadores del conocimiento. En un marco más amplio, los procesos de comercialización, privatización y globalización son claves para entender la creciente precarización de las condiciones del trabajo académico en los docentes universitarios y en general.

El capitalismo cognitivo [xii] es la nueva manera de acumulación y generación de riqueza. En él, intervienen bienes inmateriales, como facultades cognitivas e intelecto general. Al respecto, Mejía señala que: “en el sentido de Marx de los Grundisse, el intelecto general se hace público, esta nueva forma de capitalismo, esta inteligencia general, se ha convertido en la base de la nueva producción de la riqueza” (Mejía, 2008, p. 3). Y continuando con el autor, esta nueva forma del capitalismo transitó de un capital fordista industrial a uno de base cognitiva postfordista o toyotista (Mejía, 2008).

Estos procesos y modos de producción han venido reorganizando el mundo productivo y social de los últimos tiempos, además se ha reconfigurado el saber escolar de las instituciones educativas, sobre todo en las últimas tres décadas, manifestando una seria pauperización de la labor docente y una transformación en los procesos pedagógicos, que profundizaremos un poco más adelante.

Todo este entramado ha llevado a una tendencia creciente de precarización laboral, académica, financiera e institucional. Y en general, a una serie de mecanismos y expresiones que han derivado de la política de reducción y ajuste neoliberal, como recortes en el presupuesto, reducción del acceso, subida de colegiaturas, control de calidad como inspección y acreditación de departamentos universitarios por agencias privadas etc.

La estratificación que se ha venido presentando de la precarización laboral no solo en México, sino en América Latina desde los noventa, expresa un claro deterioro de la calidad educativa. De acuerdo con Sotelo (1998) son tres aspectos que han cambiado y que han afectado la calidad de la educación: “a) empleo de tiempo completo, pero con ingresos insuficientes, b) sobreocupación y horas extras, c) subempleo e ingresos bajos” (Sotelo, 1998, p. 98). Las formas de subempleo en toda América Latina se han traducido en un crecimiento considerable de desempleo. Estas formas de subempleo limitan el desarrollo del empleo productivo y al día de hoy, el empleo es poco y además precario. Las nuevas generaciones ingresan bajo esquemas de precarización laboral sustancial y progresiva, como la afectación directa a los derechos laborales de los trabajadores, empezando por la antigüedad.  

La precarización del docente universitario en la universidad pública se ha dado en varios aspectos, uno de ellos en el trabajo docente, por medio de la política de deshomologación salarial. Existe una diferenciación salarial dentro del sistema de universidades públicas mexicanas. Tendencialmente se han venido separando las brechas, el trabajo precario y las formas de operar se han diversificado. Por lo tanto, la detonación de conflictos por la política de precarización y todos los problemas que esto conlleva han sido caldo de cultivo para las crisis en las universidades públicas mexicanas.

En la década del ochenta surgieron los programas de deshomologación salarial, política que modificaría el modo de regulación del trabajo académico en las universidades. Al respecto, señala Ibarra que: “se ha transitado de un modo de orden sindical y burocrático, a otro basado en estructuras colegiadas de reconocimiento del mérito y a un nuevo modo basado en la evaluación y acreditación del desempeño mediante los números” (Ibarra, 1998).

De acuerdo con Díaz Barriga “La base de la deshomologación salarial es haber modificado las relaciones entre sindicato y universidad en las relaciones salariales” (Díaz, 2007, p. 309). Es así que el primero de marzo de 1990 se instituyó el programa denominado “Becas al Desempeño Académico” con el propósito de estimular la permanencia, la calidad y la dedicación del personal universitario. Dos años más tarde se crea un nuevo programa que reemplazaría al anterior, denominado “Programa de Carrera Docente del Personal Académico” con la finalidad de tratar de resolver algo complejo como la evaluación de la docencia.

En otras palabras, el escenario de los tiempos de la deshomologación salarial es que se crean nuevos mecanismos institucionales públicos encargados de conducir el desarrollo en la universidad mediante modos de regulación basados directamente en la planeación, evaluación y asignación de fondos extraordinarios, provocando una competencia individualizada por recursos escasos. Los docentes investigadores subsumen su trabajo académico al capital financiero al tener que buscar fondos ya sea de empresas, bancos o fundaciones para la realización de sus proyectos.  

Desde los ochenta, el gobierno federal, para evitar la fuga de cerebros, [xiii] decide crear el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con estos programas se adopta una forma más flexible, orientada a criterios del mercado. Por otro lado, se ha desarticulado el sindicalismo universitario, lo que ha debilitado la seguridad laboral y social del trabajador académico. Al día de hoy, sostiene Conacyt, que unos 30 mil investigadores mexicanos de alto nivel están fuera del país y esto equivale a la masa crítica del SNI. De ahí que se ha venido planteando un “programa de repatriación” que detone en el desarrollo del país, al traer de vuelta a esta masa crítica que pertenece a una migración calificada y a la vez forzada, que demande sin duda, una pista de aterrizaje apropiada al personal calificado que se encuentra en condiciones óptimas fuera del país.

El saldo pedagógico en la agenda neoliberal

Con el paso del gerencialismo se abandonó el modelo pedagógico. El saldo ha sido la estandarización de la educación, por medio de la evaluación desenfrenada. Además, que la universidad es vista como una fábrica de conocimientos donde solamente se debe producir conocimiento útil y práctico.

El proyecto escolar y educativo de la agenda pedagógica, acompañado de un capitalismo cognitivo globalizado y neoliberal, ha traído el saldo de una despedagogización en la educación, que ha convertido al docente en un mero operador técnico, menguando toda su función crítica como agente político, democratizador y como sujeto de cambio.

La base de la acción pedagógica se ha entendido como un retorno al instruccionismo instaurado, es decir, la pedagogía ha quedado limitada a técnicas de enseñanza, de las que puede apropiarse cualquier profesional que pretenda fungir como profesor. Tal como señala Mejía “la pedagogía sería sólo las técnicas que hacen posible su instrumentación, visible en la competencia de desarrollar una clase y un programa en su área del saber administrando el tiempo y el espacio educativo” (Mejía, 2008, p. 11).

Ante este escenario educativo, el profesional de la educación puede simplemente “capacitarse” o bien, “actualizarse” mediante cursos intensivos de “enseñanza” como si el quehacer docente se simplificara a conocer técnicas y estrategias didácticas, para luego, aplicarlas y evaluarlas. Esta nueva organización en la agenda pedagógica, por medio de enfoques, modelos y paradigmas acumulados en la modernidad, propios de esta época, ha manifestado diversas y refinadas formas de control, a través de las capacidades cognitivas.

El modelo pedagógico que se imparta en la universidad debe estar en consonancia más con una pedagogía crítica que con una pedagogía basada en competencias. Los currículos universitarios responden hoy la siguiente pregunta: ¿qué debe saber hacer el alumno? y ¿cómo se puede insertar laboralmente? Según conceptualiza Ibarra Colado (2002) no se trata de formar al “homo faber” solamente, sino al “homo sapiens”, es decir, ir más allá del conocimiento útil y funcional. Creemos necesario una visión educativa más amplia, desde una pedagogía crítica que ayude a formular el planteamiento desde los currículos educativos para determinar cómo formar al ciudadano del siglo XXI y afrontar los retos actuales. Un currículo que ayude a desarrollar a las personas no sólo laboralmente, sino también social y ambientalmente.

En definitiva, los planteamientos curriculares en las universidades públicas de México han quedado rebasados por el ritmo social actual. Debido a que no es suficiente el conocimiento disciplinar que nos brinda la pedagogía basada en competencias, requerimos de otros saberes, ocupamos otras capacidades, mismas que las proporciona la pedagogía crítica, como aprender a comprender, a discernir, a opinar, colaborar activa y proactivamente, solucionar conflictos, responsabilizarse con el ambiente y con la sociedad. Encarecidamente, la universidad pública ocupa de una pedagogía que ayude a los estudiantes a ser, a estar y a pensar en este mundo desafiante.

Por antonomasia el método de enseñanza y aprendizaje en la universidad ha sido la clase magistral impartida por el catedrático. No pretendemos demeritar cierto método, solamente sostenemos que no es suficiente. Como se señaló, el ritmo social rebasa el ritmo pedagógico del aula, por lo que es imperativo posibilitar la construcción de mayores y diversos conocimientos a los estudiantes, por medio de una diversificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje para evitar el problema latente de una formación deficitaria en los egresados.

El profesor universitario debe contar con una perspectiva amplia del ser humano como ser social y cultural, para impulsar el deseo y placer por aprender. Contar con una actitud intelectual que le permita enfrentar los desafíos del conocimiento dentro de la universidad. En términos generales, el profesor universitario alcanzará estatura profesional como formador de cuadros pensantes, en la medida que cuente con el dominio disciplinar y el dominio en cuestiones didácticas y pedagógicas. Sabemos de ante mano que los docentes investigadores tienen el conocimiento disciplinar, pero la pedagogía sirve para vehiculizar todos estos conocimientos a sus estudiantes. Si se reformulan las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula por parte de los académicos y se modifica el sistema de evaluación (haciendo de este proceso algo más cualitativo que cuantitativo) se estaría empezando a transformar la dinámica educativa desde sus principales actores, los profesores. Hacer de la docencia en el académico, un acto más intelectual que rutinario, significa que éstos logren asumir otras visiones de trabajo con ellos mismos y con sus estudiantes.

El discurso neoliberal ha impregnado las prácticas pedagógicas de una especie de ethos académico que ha vanagloriado los valores del modelo de desarrollo económico relacionados a la competitividad, exclusión, individualismo, productividad a ultranza, credencialismo e híper evaluación. La implantación de la modernización neoliberal bajo los lineamientos del Consenso de Washington, la mano del mercado en palabras de Ibarra Colado integró dispositivos de conducción a las instituciones de educación superior para “alentar la competencia en base a la planeación, la evaluación del desempeño y la distribución diferenciada de incentivos” (Ibarra, 2009, p. 9).

Lo que buscamos es un sentido más democrático que tienda a la justicia y solidaridad, en el marco de una universidad como bien público, un tanto alejada de las directrices del mercado. Los desafíos mayores a los que se enfrenta una propuesta de transformación del currículo universitario de esta naturaleza son los siguientes:

1. Relación más estrecha con la sociedad
2. Mejor articulación de saberes (técnicos, tecnológicos, científicos y humanísticos)
3. Formación de profesionales con responsabilidad social y valores éticos
4. Integración de enfoques transversales como: género, sostenibilidad ambiental y emprendimiento social.

Existen tres disputas al interior de esta universidad, según le llama Ibarra, la universidad emprezarializada:

La disputa sobre la identidad de la universidad como institución social o como organización mercantil.

La disputa sobre la determinación de la naturaleza de las funciones de la universidad como bienes públicos inalienables o como servicios susceptibles de apropiación privada.

La disputa sobre los modos de organización de la universidad como comunidad de conocimiento o como corporación burocrática (Ibarra, 2005, p. 17).

Como se ha sostenido hasta aquí, el entramado modernizante en la universidad ha menguado dramáticamente elementos sustantivos como el pensamiento crítico y reflexivo, la opinión argumentada, la creatividad, incluso se ha restado importancia a la práctica docente al concebir al profesor como un operario de la enseñanza, además en situación de precariedad, con la idea de la aplicación de sistemas de remuneración basados en la productividad. Puntualiza Ibarra “la empresarialización de la universidad, al margen del reconocimiento de los intereses de la nación, ha intentado desarticular tejidos sociales para someter el conocimiento al poder de los mercados, facilitando su apropiación” (Ibarra, 2005, p. 31).

Estructura institucional

A manera de caracterización conceptual de la universidad neoliberal, De Sousa Santos (2015) identificó tres crisis que ha sufrido la transición de la universidad pública a lo largo de más de tres décadas. Crisis de hegemonía, de legitimidad [xiv] y de institucionalidad. Esta última, la crisis institucional, es de interés particular por ser lo que definió objetivos y valores de la universidad que hoy conocemos; en ella se implementaron criterios de eficiencia y productividad de naturaleza empresarial.

La crisis institucional de la universidad, trastoca directamente su autonomía científica y pedagógica. De Sousa Santos (2015) afirma “la crisis institucional de la universidad fue provocada o inducida por la pérdida de prioridad del bien público universitario en las políticas públicas y el consiguiente desfinanciamiento y descapitalización de las universidades públicas” (Santos, 2015, p. 90).

Los modos de racionalidad [xv] en que operó la universidad desde hace más de tres décadas tienen su origen en novedosos dispositivos de regulación gubernamental, que de acuerdo con Ibarra (1999) son tres: la articulación de procedimientos de evaluación de resultados, los programas de financiamiento extraordinario y las exigencias específicas de cambio a las instituciones (Ibarra, 1999).

El discurso de la universidad neoliberal alumbró dispositivos como la evaluación y la calidad. Se fabricaron a partir de entonces nuevas dinámicas, actitudes y valores, pasando de la solidaridad a la competencia y del compromiso social a un individualismo posesivo y, en general, se pasó de la autonomía a la heteronomía.

En síntesis, la lógica del mercado y empresa capitalista fue extrapolado al ámbito de la educación en general. Bajo cierta lógica, la universidad pública tiende a verse más como un bien privado que como un bien público, como una mercancía y no como un servicio gratuito como derecho inalienable, además de impregnar en todas las actividades sustantivas el componente de la competencia y la productividad para la obtención de beneficios ofertados.

Estructura Social

Exclusión social: La cobertura de la educación superior en México es una de las peores entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocando a México en el lugar 33 de las 34 naciones que la conforman. Sólo tres de cada diez jóvenes en edad de acceder a ese nivel educativo están matriculados según la Auditoría Superior de la Nación en 2014 (Márquez, 2017). El acceso a la educación superior es cada vez más restringido para los jóvenes, causando malestar entre sectores sociales menos favorecidos y a su vez, más excluidos. Se utiliza el eufemismo “no admitidos” para nombrar a los rechazados.

La etiqueta de “no aceptado” indica que hay proyectos de vida truncados para la población de jóvenes entre 19 y 24 años de edad. ¿Cuáles son sus alternativas? Señala Marín (2013) repetir trámites el siguiente año, entrar a una privada o buscar trabajo. Nos damos cuenta entonces que estas tres posibilidades cambian radicalmente el proyecto de vida inicial del joven, de su familia y en general de la sociedad. Es importante precisar que la exclusión no tiene que ver solamente con quien es “rechazado”, sino incluso, con quien ni siquiera se postula para el trámite de ingreso a una universidad, simplemente por una exclusión social de origen. Es decir, un determinado universo de la población que se encuentra en condiciones sociales adversas y altamente marginada, no es capaz ni siquiera, de figurar como aspirante a determinado programa educativo, por cuestiones diversas, de tipo económico, cultural y social. Entonces, la exclusión no solo se da entre los “no admitidos”, sino también entre los que no se postulan por condiciones sociales.

Egresados y mercado laboral: hay tres factores claves en la relación egresados y mercado laboral. Uno es la falta de coordinación y planificación integral de la educación superior por parte del gobierno; otra es la falta de conexiones entre la educación y la investigación en la educación superior, como es el caso del CONACyT (encargado de desempeñar un papel educativo y de investigación en el posgrado) con la SEP; por último la cuestión de la calidad educativa de los egresados. Esto significa que no existe una formación sólida en cuanto a competencias transversales incluso ni disciplinares en los estudiantes. [xvi] La educación es deficitaria y es imperativo mejorarla desde una adecuada pedagogía que ponga como método de enseñanza el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo. 

En México cada vez es más complicado encontrar un empleo digno y adecuado al perfil de estudio; sin embargo, no pasa lo mismo en otros países de América Latina “La tasa de desempleo de los egresados jóvenes (5.7%) es similar al promedio de la OCDE, pero dado que en México no hay prestaciones por desempleo y existen muy pocas políticas activas de empleo, el desempleo registrado es poco frecuente” (OCDE, 2019, p. 10). La informalidad [xvii] y la sobre-cualificación son dos problemas a los que jóvenes de entre 25 y 34 años se enfrentan. 

El documento Educación Superior en México, Resultados y Relevancia para el mercado laboral de la OCDE (2019) ofrece algunas recomendaciones de política pública con el fin de favorecer la integración de los egresados de la educación superior en el aseguramiento del mercado laboral. Mencionamos algunas de manera muy general como se describen en todo el documento:

1. Concientizar sobre la importancia de la educación superior en el mercado laboral y los resultados.
2. Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad para ayudar a garantizar que los estudiantes desarrollen conocimientos y competencias relevantes para el mercado laboral.
3. Garantizar que los mecanismos de aseguramiento de la calidad incluyan criterios sobre la relevancia para el mercado laboral y la vinculación con los agentes sociales.
4. Ayudar a las instituciones de educación superior a implicarse de forma más eficaz con los agentes sociales.
5. Garantizar una oferta diversa de programas educativos (Apoyar la oferta de programas interdisciplinarios).
6. Fomentar las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la educación superior (OCDE, 2019).

Particularmente la recomendación sobre Garantizar una oferta diversa de programas educativos y entre ellos apoyar la oferta de programas interdisciplinarios, tiene mucho sentido; sin embargo, de acuerdo a OCDE (2019) “el mercado laboral emergente también necesita programas interdisciplinarios, pero éstos son muy difíciles de acreditar” (p. 23). Por lo que las agencias acreditadoras se perfilan hacia una orientación disciplinar determinada, así mismo no existen hoy por hoy cédulas interdisciplinarias. 

El último punto sobre fomentar prácticas innovadoras es de particular interés, sostiene que también es necesario: “desarrollar una cultura sólida de excelencia en la enseñanza y el aprendizaje” (OCDE, 2019, p. 27). Incluso recomienda ofrecer formación docente y capacitación continua a todo el personal académico sobre métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores. Los investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores definitivamente están más preocupados por permanecer ahí que ocupados en su labor docente (y no es para menos, debido a las exigencias del sistema) debido a esto y otros factores, la práctica docente se ha adelgazado por privilegiar la investigación. Dentro de las exigencias del SNI está la de “contribución a la enseñanza” midiéndose en base a la cantidad global de horas de docencia, pero desconociendo por completo, la calidad de esta cantidad de horas, como si la docencia solo fuera saber cuántas horas clase da el docente. Volvemos al problema latente de la academia: el menoscabo de criterios cualitativos sobre criterios cuantitativos.

Respecto al PRODEP, señala el documento de la OCDE, en relación al mercado laboral, que una de sus finalidades es mejorar la calidad de la enseñanza, pero tal parece que se enfoca demasiado en aumentar la estatura profesional de los académicos (OCDE, 2019, p. 26). Y a los docentes universitarios les parece más atractivo obtener un título académico que capacitarse en métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje. Para la OCDE todo consiste en tres cosas: evaluar, acreditar y hacer auditorias. Todo con el afán de obtener “calidad educativa”

El docente universitario debe rebasar las clases magistrales dentro de la universidad, debe estar facultado para usar en su práctica docente métodos interactivos e innovadores. Creemos encarecidamente que el gran problema de las IES y la relación con el mercado laboral, se puede ir resolviendo con una propuesta pedagógica desde el aula, que tenga la finalidad de transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para delinear maneras diferentes de pensar y de enseñar, pero sobre todo de evaluar. En un marco más amplio, esto tiene que ver con ir proponiendo una educación más integral y no tan limitada ni simple, una verdadera educación nos ayudará a resolver mejor los problemas que se nos presentan en el día a día y no sólo basta con estar acreditados.

También proponemos que desde la Educación Media Superior (EMS) se trabaje con un programa de “orientación vocacional” que verdaderamente informe y oriente a todos los jóvenes en edad de elegir una carrera. Los jóvenes deben conocer toda una oferta educativa, amplia y variada y acorde a las necesidades de su entidad. Ellos eligen ir a las carreras más demandadas como administración de empresas y derecho o psicología, no precisamente porque tengan grandes habilidades y talento para ellas, sino porque simplemente desconocen otras opciones.

La calidad en la educación significa aquella educación que no sólo nos forma profesionalmente, sino que nos transforma personalmente. La calidad en la educación brinda una sólida formación técnica, científica, humanista y tecnológica que servirá para enfrentar mejor los desafíos actuales, además de una preparación no sólo para el trabajo, sino para la vida. El fin último, formar un ciudadano con valores y virtudes éticas comprometido social y ambientalmente. 

Es necesario establecer vínculos más sólidos entre personal académico y empleadores. El gobierno federal debe proponer iniciativas nacionales y de internacionalización para fortalecer a la educación superior en su proyección al exterior.

Consideraciones finales

Ampliar la base de la discusión para intentar trazar un proyecto integral y profundo a la universidad pública, debe contemplar la finalidad de posicionar a la universidad como agente de cambio y transformación democrática, debe darse precisamente en la actual coyuntura política “a la luz de una propuesta muy distinta a la neoliberal” en palabras de Aboites (2019). Es necesario entonces, aprovechar tal escenario para plantear y definir el proyecto de la universidad pública en los siguientes años, que tenga el objetivo de que la universidad pública autónoma mexicana debe estar articulada a los fines sociales más que a los fines mercantiles. Razón que sin duda ha sido parte de las limitantes de dicha problemática, aunado al poco margen de maniobra que ha dejado la implantación de políticas neoliberales a la universidad pública.

Como líneas de investigación futuras, trabajar sobre una nueva relación del perfil de egreso que trace el currículo universitario, centrado por lo menos en tres aspectos, el desempeño de los aprendizajes, la elaboración de proyectos de innovación y las habilidades que demandan los mercados laborales profesionales. Se trata pues de analizar el vínculo del egresado con el mercado laboral y la relación de la universidad con el empleo, para evitar que las universidades sean vistas como fábricas de desempleados o incluso fábricas de migrantes calificados.

Algunas iniciativas que plantea el Nuevo Gobierno Federal de la 4T respecto a la agenda en Educación Superior y en el marco de la discusión actual, según lo comentado por Didriksson (2019) se pretende legislar la reforma constitucional del artículo 3ro. Donde se establece la obligatoriedad de la Educación superior, estableciendo un fondo federal que asegure recursos necesarios para garantizar dicha obligatoriedad. Se plantea mayor compromiso en la articulación de las funciones de la universidad con el desarrollo y bienestar de las comunidades en los planos local, regional y nacional. Se propone garantizar un presupuesto digno y ascendente y se establece el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Superior y Consejos Locales de Participación y Vinculación para efecto de articular y coordinar el sistema desde la planeación de manera horizontal e interinstitucional. 

Proponer medidas concretas y definidas en torno a la transformación de la universidad pública, tiene que ver con un cambio del paradigma de aprendizaje, que pretenda un nuevo modelo de gestión del conocimiento al implantar un enfoque interdisciplinario, intercultural y complejo; en el marco de un proyecto educativo integral, en el que este, signifique por lo menos dos cosas, analizar el proyecto educativo desde varias miradas: política, social, económica, cultural y educativa; y articular armónicamente todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta el nivel posgrado, con la finalidad de ver panorámicamente un verdadero proyecto educativo.

Respecto a ir delineando propuestas a grandes rasgos en las estructuras financiera, institucional y social, se pretende que el presupuesto destinado a las universidades públicas, debe ser multianual, progresivo e irreductible, sobre todo ascendente. Además, que todo el aparato educativo estatal coincida en sus criterios de financiamiento para tener certidumbre financiera. En definitiva, redistribuir mejor el presupuesto y garantizar una sana distribución de los recursos.

En el aspecto organizativo e institucional, una reorganización epistemológica e institucional, debe estar en consonancia con una nueva política educativa, que, a su vez, convoque nuevas formas de relacionar la universidad con la empresa y sobre todo con la sociedad. Es de gran importancia respetar la normatividad, acuerdos institucionales y disposiciones para darle prioridad a la investigación y docencia que se realiza en la universidad, para que lo académico esté por encima de lo político y lo burocrático.

Por último, el aspecto educativo reclama nuevas posturas pedagógicas, ideas frescas e innovadoras, sin exageraciones tecnológicas, más bien ideas pedagógicas adecuadas, que propongan un proceso educativo práctico, pero consciente, que verdaderamente sirva, no solo para el trabajo laboral, sino para la vida cotidiana. Ocupamos un aprendizaje que nos sirva para vivir, que garantice experiencias formativas, didácticas y placenteras. De ahí, la propuesta a una mejor articulación del conocimiento desde un enfoque interdisciplinario que tenga como método de aprendizaje y enseñanza un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo. Por lo tanto, más que discutir la terminología neoliberal, habrá que discutir la teleología o las finalidades educativas que nos inquietan hoy.

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Notas

[i] Se han creado 112 universidades tecnológicas y 60 politécnicas y el número de institutos tecnológicos pasó de 64 en 2000 a 260 en el 2015. «La lucha de los excluidos de la educación superior», ponencia al panel: Las condiciones de acceso a la educación superior en México, en el Octavo Foro Noreste de las Ciencias Sociales, Monterrey, México. Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (En Hernández, 2018).