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Implicaciones políticas en la asignación de plazas para docentes por Julio César Ruvalcaba Ramírez

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IMPLICACIONES POLÍTICAS EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA DOCENTES

Resumen: La reforma educativa del 2013, a través de la Ley del Servicio Profesional Docente, generó una nueva regulación al sistema de ingreso al servicio docente en el nivel básico, el presente artículo, que se desprende de un estudio de caso, tiene el objetivo de evidenciar las implicaciones políticas que se han generado a partir del nuevo proceso en la asignación de plazas docentes ,que no solo tienen que ver con la democratización en la contratación de docentes y con la instrumentalización de la política de calidad en la educación; sino también,  con la reestructuración de la relación corporativa SNTE-Estado, la reorientación de la profesión docente y la evaluación del desempeño laboral del magisterio.

Palabras clave: Reforma educativa, corporativismo, evaluación docente, política de calidad.

Abstract: Education reform of 2013, through the Law on Professional Teaching Service, created a new regulation at the system to enter the teaching service at the basic level, this article, which is shown through a case study, aims to show the political implications that have been generated starting from the new process in the allocation of teaching posts, which not only have to do with democratization in the recruitment of teachers and the political instrumentalization of quality in education; but also, with restructuring of the corporate relationship  that exist between SNTE and State, reorienting the teaching profession and the performance appraisal of teachers.

Key words: Education reform, corporatism, teacher evaluation, quality policy.

Introducción

Para finales del 2012, el Ejecutivo Federal, presentaba a través del “Pacto por México” una serie de acuerdos administrativos con las principales fuerzas políticas electorales, que deberían de impulsar una serie de reformas legislativas, a fin de promover el desarrollo económico y el fortalecimiento del Estado mexicano, en sectores del ámbito público, donde se creía, que poderes fácticos habían ponderado intereses particulares por encima del interés nacional y de los objetivos institucionales, suplantando así, funciones exclusivas del Estado. En este sentido, la redefinición del Estado, no solo se daba bajo el interés de retomar la rectoría de sectores estratégicos del desarrollo nacional, sino que se apuntalaba una restructuración del ámbito público bajo una lógica productiva centrada en la calidad, mediante la modernización de los servicios a través de la competitividad económica y la conversión a un modelo de mercado; bajo este marco, las reformas emprendidas tenían el interés de eficientar la capacidad de respuesta del Estado mediante el adelgazamiento de su estructura burocrática, y de ser más eficaz en el cumplimiento de objetivos, mediante la incorporación de instrumentos y herramientas gerenciales que garantizaran la satisfacción a las exigencias de la sociedad actual.

La presentación de estas reformas, venían a consolidar la apertura del mercado mexicano y la mercantilización del sector púbico, esto significó la redefinición de los arreglos corporativos y la recomposición de los acuerdos políticos que se construyeron bajo el régimen posrevolucionario, en este sentido, se ponían en juego los referentes ideológicos que justificaron el modelo de economía planificada y la política social redistributiva, así se cambiaba el sentido de las actividades del servicio público, pues ya no era el interés colectivo una expresión de la responsabilidad social del Estado, sino una consecuencia natural en los imperativos de la competitividad económica. La conflictividad en las reformas propuestas en el ámbito público radica en la instrumentalización de la política de calidad, en la aplicación de nuevas herramientas de gestión y en la imposición de nuevas formas de evaluación al trabajo. Entre otras cosas, el rediseño del Estado a partir de las reformas, ha implicado un cambio en la prestación de los servicios públicos que ha tenido un impacto directo en diversos cambios que se han presentado en el marco de las negociaciones con los trabajadores del sector público y la participación de sus organizaciones sindicales.

El Pacto por México, en este sentido, significaba no solo la consolidación de las políticas pactadas en la construcción de la agenda de la competitividad propuesta desde los gobiernos de la alternancia; la nueva política de calidad tenía impacto al presentar una nueva regulación para el mercado laboral en el sector público, sobre todo en la parte del control y de la evaluación; la conversión del servicio público al modelo de mercado enmarcaba una nueva relación en la prestación del servicio, pues ahora la satisfacción del usuario se pretendía atender en términos comerciales, de esta forma se constituyó el argumento del discurso modernizador bajo una idea de bien común a partir de mejorar la calidad en los servicios, lo que implico evaluar a partir de indicadores gerenciales el desempeño de los trabajadores y de las instituciones. Las controversias se generaron a partir de la recomposición de fuerzas políticas y sociales alrededor de sectores importantes del desarrollo nacional.

Bajo este contexto se desprendía del Pacto por México la propuesta de reforma para la educación en el 2013, que bajo la promesa de mejorar la calidad del servicio educativo presentaba dos objetivos que serían los pilares de la nueva propuesta; se planteaba la necesidad de consolidar un sistema nacional de evaluación por medio del rediseño del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), y por otro lado, se construía el Servicio Profesional Docente, que vendría a ser la ley que regularía el sistema de ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente para educación básica y media superior (Peña Nieto, 2012). La intención era, a expresión abierta, recuperar la rectoría por parte del Estado de la educación en México, bajo el imperativo de la calidad se pretendía mejorar los indicadores, y en ello se entendía como factor esencial el desempeño del docente; así, mejorar la calidad de la educación bajo la reforma educativa del 2013 se emprendió como la necesidad de evaluar el trabajo de los maestros, de mejorar el sistema de selección y contratación, de mejorar el sistema de estímulos en base al mérito profesional y de desestabilizar la seguridad laboral al atentar contra la permanencia en el servicio.

Es decir, en el aspecto político, el Estado a través de la  reforma educativa buscaba recuperar la rectoría de la educación en México empleando dos claras estrategias, por un lado la política de calidad pretendía por medio del INEE establecer la evaluación al desempeño docente como mecanismo de control laboral; y por otro lado, se intentaba desmantelar el creciente poder que había acumulado el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) por medio del control discrecional que ejercía sobre la asignación de plazas docentes, concesión administrativa que había obtenido de su relación corporativa con el mismo Estado bajo el proyecto posrevolucionario y que Gilberto Guevara Niebla lo consideraba como la fuente de su poder clientelar (Guevara Niebla, 2012). La nueva reforma educativa pretendía regular el sistema de ingreso al servicio docente por medio de la creación de un mecanismo que garantizara la igualdad de oportunidades, la transparencia en la asignación del recurso y la promoción al mérito profesional como medio para acceder a una plaza docente, la intención era elevar la calidad en el servicio educativo mejorando el sistema de selección tratando de asegurar la contratación del personal más capacitado.

De entrada, el discurso modernizador de la nueva política de calidad parecía coherente en este sentido, la asignación discrecional de plazas docentes no solo era el eslabón de las relaciones clientelares del SNTE, se había convertido en fuente de poder que generó solidos cacicazgos en algunas secciones sindicales, la corrupción alrededor de la venta y de la herencia de plazas había ocasionado serios problemas de extorsión en algunos casos, la profesión docente era sometida a un activismo político, que iba desde participar en campañas electorales hasta mostrar una obediencia y buen trato hacia el sindicato, eso hacia especial y atractivo al SNTE; a fin de cuentas ¿qué docente no le debía su plaza al sindicato?, así el control de un gremio de cerca de 1.5 millones de afiliados, distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, ordenados bajo una estructura jerárquica y dictatorial, hacían de esta organización el operador político por excelencia, y así funciono durante mucho tiempo bajo el orden corporativista del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este sentido, plantear en la reforma educativa un concurso nacional de oposición para obtener una plaza docente ponía sobre la mesa dos expectativas que parecían contribuir a mejorar la situación de la educación en México, eliminaba la discrecionalidad en la asignación de plazas y democratizaba el proceso, sin duda esto liberaba de los compromisos político-sindicales a la profesión docente al establecer un mecanismo de acceso a las plazas que apelaba al mérito profesional; pero entonces ¿porque era rechazada la reforma educativa por las bases magisteriales y los estudiantes normalistas?, ¿que había detrás de la nueva regulación del ingreso al servicio docente que hacía que se desconfiara de la propuesta?; en la mayoría de las entidades, incluso en algunas de gran tradición conservadora, se hicieron escuchar voces magisteriales de rechazo a la reforma educativa, no solo expresiones disidentes y radicales se mostraron en contra de la legislación, incluso la postura oficial del SNTE, en un principio fue de rechazar la reforma educativa.

La conflictividad de manera específica, en la nueva legislación en torno a la asignación de plazas docentes, ponía en juego los acuerdos políticos y establecía un nuevo pacto en la relación del SNTE con el gobierno en turno; la falta de mediaciones y el poco margen de negociación en la estrategia del Estado por recuperar la rectoría de la educación provoco el descontento de la disidencia magisterial y en el normalismo, sobre todo rural; si bien es cierto, que la medida atentaba contra los cotos de poder en algunas secciones, lo preocupante era la transición abrupta en la orientación del Estado con respecto a la profesión docente y a la asignación de plazas; es decir, hasta antes de la políticas modernizadoras en el sector educativo el Estado estaba obligado a asignar una plaza docente a todo egresado de una Escuela Normal pública del país, con las nuevas reformas la profesionalización de la carrera docente deviene a partir de la competitividad en el proceso de selección para ingresar al servicio docente, pretendiendo de esta forma elevar la calidad en el servicio docente.

La instrumentalización de la lógica gerencial en  la asignación de plazas docentes, parece tener sentido, pues se apega a principios democráticos de otorgar igualdad de oportunidades y de transparentar la asignación de recursos, otorgar una plaza docente a partir de mecanismos que reconocen el mérito profesional da sentido a la política de calidad, la vieja demanda de eliminar la participación del SNTE en el proceso de asignación de plazas docentes, parecía liberar la profesión de los compromisos político-sindicales; pero el argumento que sostendremos, es que la mejora de la calidad en el sector educativo no está en mejorar el proceso de selección, ni en generar mecanismos que intenten garantizar la contratación de los mejores docentes, no es la solución someter a una lógica de mercado a la profesión docente para mejorar la calidad de los profesores; la modernización educativa poco apuesta por mejorar el proceso de formación docente como alternativa de largo plazo para tener profesores mejor preparados, de esta forma, las Escuelas Normales se han convertido en espacios en tensión por la nueva dinámica de inserción laboral a la que no están ni diseñadas ni preparadas; la transición a la profesionalización de la carrera docente se ha convertido en un escenario en conflicto bajo la reforma educativa y la nueva regulación sobre el ingreso al servicio docente.

La reforma educativa y la política

La reforma educativa de Peña Nieto, con la iniciativa de instituir un Servicio Profesional Docente, propiciaba una reconstrucción del régimen educativo actual y, sobre todo, una nueva regulación laboral para los docentes con una delimitada y disminuida participación del SNTE; en este marco, se establecían nuevos procedimientos bajo los cuales se tenía que desarrollar profesionalmente el personal docente en la educación básica, con criterios, términos y condiciones que reglamentaban el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de este personal. Sin duda esta reforma educativa, escondía una nueva relación laboral que se imponía bajo nuevos valores de competitividad y eficiencia, acordes a la política educativa neoliberal que se venía gestando desde la década de los noventa.

La nueva política de calidad promovida desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se basa en atender indicadores pre-establecidos para evaluar  la eficacia y a la eficiencia de recursos, México invierte un considerable presupuesto a la educación, cerca del 22%, pero los resultados no han sido muy favorables en la evaluaciones internacionales promovidas por el mismo organismo. México estableció un acuerdo con la OCDE en el 2008 para mejorar la calidad de la educación, con el propósito de determinar qué cambios en la política educativa deben de considerarse en México, entre las recomendaciones que hace el organismo destacan: “Evaluación de los docentes para la rendición de cuentas y la mejora, e incentivos y estímulos para los maestros en servicio” (OCDE, 2010).

Se parte de la idea central, de que el factor más importante para determinar la mejora de los resultados y el alcance de la calidad en el servicio educativo es el docente (Schmelkes, 1995), bajo este contexto se define la “calidad educativa” no como un objetivo deseable; sino como una política que determina acciones y consecuencias en la profesión docente, es decir, ¿cómo obtener docentes de calidad?, si la calidad educativa está determinada por la calidad del docente, entonces habrá que implementar una serie de reformas y estrategias para generar docentes de calidad, desde la OCDE (OCDE, 2010) es importante para el caso de México construir un sistema solido que permita seleccionar, preparar, contratar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas, para ello propone 8 recomendaciones como parte de una estrategia global para mejorar las condiciones laborales de los docentes, y para seleccionar, desarrollar y contratar una fuerza de enseñanza de mejor calidad:

• Definir la enseñanza eficaz
• Atraer mejores candidatos docentes
• Fortalecer la formación inicial docente
• Mejorar la evaluación inicial docente
• Abrir todas las plazas docentes a concurso
• Crear periodos de inducción y prueba
• Mejorar el desarrollo profesional
• Evaluar para ayudar a mejorar

Específicamente, en  la asignación de plazas docentes, la política educativa propuesta desde la UNESCO, proponía regular de manera general el acceso al servicio docente, la idea era establecer perfiles de ingreso al servicio que fueran más allá de los títulos y certificados otorgados por instituciones académicas, los requisitos tendrían que ir encaminados al cumplimiento de estándares sobre el nivel mínimo que deben alcanzar quienes se van a desempeñar como docentes, para tal encomienda, la propuesta central es establecer concursos transparentes y objetivos como mecanismo para asignar las plazas docentes; la propuesta es hacer más riguroso el proceso de selección del nuevo personal docente (ORELAC/UNESCO, 2013). Las recomendaciones para el caso de México en la asignación de plazas docentes, por parte de la OCDE (Nieto de Pascual Pola, 2009), van encaminadas a garantizar que todas las plazas docentes de nueva creación y las vacantes por incidencias se asignen a partir de la realización de un concurso nacional, la intención era eliminar la discrecionalidad y las irregularidades en el ingreso al servicio docente, además de transparentar el proceso y de seleccionar al personal docente mejor calificado.

La política de calidad en materia educativa, se encaminaba por presión de organismos internacionales a reforzar la trascendencia del papel del docente en la mejora de los resultados, la intención era reforzar los programas de formación inicial para generar docentes de alta calidad, atraer mejores candidatos en las Escuelas Normales, profesionalizar la selección, contratación y evaluación de docentes; se partía de la idea de que las políticas y los programas que evalúan el desempeño y recompensan a los docentes eficaces tienen mayor impacto en el logro de la calidad educativa. En el caso de México, desde el 2008, producto de la Alianza por la Calidad de la Educación se crea el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, pero los resultados en su primera aplicación no fueron alentadores, se sometieron a concurso 8, 238 plazas para 80, 566 aspirantes de los cuales, solo el 30.3% lograron acreditar el examen; sin embargo para el 2009 aún con la legislación sobre el tema, se tenían indicios de que algunos gobernadores y líderes de las secciones sindicales en las entidades continuaban asignando plazas para docentes de manera discrecional al margen del concurso nacional, como estrategia para liberar presión por parte de algunos grupos políticos (Nieto de Pascual Pola, 2009)

En la reforma educativa de Enrique Peña Nieto (Peña Nieto, 2012), se concebía el desempeño del docente como el factor más relevante de los aprendizajes de los alumnos, por lo mismo, de manera urgente se citaba a construir el Servicio Profesional Docente mediante una reforma constitucional, que entre otras cosas venía a regular mediante procedimientos y mecanismos, el ingreso al servicio, la promoción dentro de la profesión docente y la permanencia en la función magisterial; en materia de asignación de plazas docentes, se promovía una reforma al 3º Constitucional para establecer las bases del Servicio Profesional Docente, que intentaba establecer el concurso nacional como mecanismo de ingreso al servicio, pues establecía que la obligación de ofrecer una educación de calidad pasaba por la regulación del acceso de los docentes al sistema educativo, de ahí la necesidad de implementar procedimientos escrupulosos de selección para alcanzar los fines de la calidad educativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se exponía la necesidad de contar con un México con educación de calidad, se proponía implementar políticas de Estado que garantizaran el derecho a la educación de calidad, es decir, la “calidad” transitaba de ser una política de Estado a un derecho ciudadano, que en un sentido mercantil colocaba a la educación como un servicio/empresa, frente a un ciudadano/usuario al que había que garantizar la satisfacción del servicio; la política del gobierno de Enrique Peña Nieto partía de mejorar la calidad de la educación a través de la construcción de un sistema de profesionalización docente a través de la estimulación al desempeño de los docentes, es decir, de nueva cuenta se colocaba al docente como principal factor para determinar la mejora en la educación y a la evaluación al desempeño como mecanismo de control laboral que asegurara la selección, la promoción y la permanencia en el servicio docente de los mejores docentes.

En este sentido la asignación de plazas docentes se regulaba a través de Servicio Profesional Docente, que se entendía como “el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente” (Legislativo, 2013); así, el Capítulo III dedicado al ingreso al servicio docente, establecía que la asignación de plazas docentes se haría mediante concursos de oposición públicos, con perfiles y parámetros establecidos. En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se veía la ley general del Servicio Profesional Docente como una oportunidad para el desarrollo profesional de los docentes, establecía “Los maestros tienen el lugar más importante en la educación y son los profesionistas clave para la transformación de México. La ley les brinda ahora reglas claras y transparentes para que cuenten con nuevas oportunidades y experiencias de crecimiento profesional, además de que protege y respeta sus derechos laborales” (SEP, 2013)

Pero entonces, ¿qué hay detrás de la política de calidad impuesta en el sector público, específicamente en el ámbito educativo?, ¿por qué la nueva regulación al ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente abre escenarios en conflicto en distintos estados de la república mexicana?, ¿Por qué el rechazo a la reforma por parte del SNTE, y luego la repentina aceptación después del encarcelamiento de su líder?; lo cierto es que la nueva regulación al trabajo docente ha generado tenciones en el magisterio, la transición de ser considerada una profesión de Estado a la profesionalización de la carrera docente, sin transitar por la consideración de mejorar el sistema de formación y promoverla desde un sistema de evaluación laboral que evidencia las carencias de la profesión docente al enfrentarla a la competencia del mercado laboral, tiene alto impacto en la estabilidad del trabajo docente, pues pone en juego acuerdos políticos y productivos que se construyeron bajo el modelo posrevolucionario, dando identidad al magisterio.

La democratización del proceso en la asignación de plazas docentes, no solo tiene la intensión de transparentar la asignación del recurso, promover la competencia laboral a través de otorgar igualdad de oportunidades para concursar por una vacante y de garantizar la contratación de los docentes mejor capacitados para elevar los indicadores de la calidad en educación. Como hipótesis podríamos plantear que la regulación en el ingreso al servicio docente ha significado el replanteamiento de un nuevo pacto entre SNTE-Estado que habrá de garantizar la recomposición de la relación corporativa y el control político del SNTE; también ha significado la reconfiguración de la profesión docente a partir de los nuevos mecanismos de ingreso, pues pone en juego el sistema de formación docente y las Escuelas Normales, pues el proyecto que representan entra en conflicto con los nuevos esquemas de calidad y competitividad, hasta ahora los egresados normalistas han tenido el monopolio sobre el concurso nacional, pero ¿qué habrá de suceder con el normalismo y las Escuelas Normales cuando se abra la convocatoria a profesiones afines a la carrera docente y puedan competir por una plaza?; la conflictividad por la asignación de plazas docentes abre el debate sobre la vigencia del proyecto normalista, pos hoy mismo después de las distintas regulaciones al sistema de ingreso al servicio se continúan asignando plazas de manera automática a egresados de algunas Escuelas Normales por presiones políticas.

En la actualidad existe una recomposición de grupos e intereses alrededor de la educación, desde la OCDE, hasta Mexicanos Primero y Televisa han pugnado por apuntalar la mercantilización del sector educativo y anular la intervención del SNTE en el diseño de la política educativa; la lucha por el control de la asignación de plazas docentes fue en gran medida la imposición de la nueva gerencia pública, que significó una nueva relación laboral entre los trabajadores de la educación y el Estado, en este sentido, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la expresión disidente del mismo SNTE, junto con el normalismo rural ha encabezado la resistencia hacia la reforma educativa, hacia la ley general del Servicio Profesional Docente y hacia la privatización de la educación; en cuanto a la asignación de plazas docentes consideran que el Estado continua teniendo la responsabilidad de asignar de manera automática plazas docentes para los egresados de las Escuelas Normales, así que por medio de la presión política buscan seguir conservando este privilegio administrativo concedido casi desde la fundación del SNTE.

Las implicaciones políticas en la asignación de plazas docentes

Donde pretende situarse esta aportación es en el análisis de la conflictividad a partir de la regulación en el sistema de ingreso al servicio docente que se hace en la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto; la pregunta rectora sería entonces ¿cuáles son las implicaciones políticas en la asignación de plazas docentes a partir de la legislación del nuevo Servicio Profesional Docente?; la idea es centrarse el ámbito político, tomando en cuenta el control sobre la asignación de plazas docentes como fuente de poder, es decir, la regulación sobre el ingreso al servicio docente, no solo impactó en la democratización del proceso de selección y contratación del personal docente para educación básica, implico sin duda un reposicionamiento de grupos e intereses alrededor de la educación, una recomposición del SNTE ante el nuevo pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto, un nuevo posicionamiento de las Escuelas Normales como instituciones formadoras de docentes ante los nuevos mecanismos de ingreso al servicio, una transformación de los requerimientos en la profesionalización del docente ante los nuevos estándares de calidad, una nueva dinámica en la evaluación del desempeño docente, etc.

Partimos de la idea de que el nuevo paradigma económico ha significado la mercantilización del servicio público, situación que ha tensionado diversos sectores del ámbito público, por contraponerse a los ideales y a los arreglos que se construyeron bajo el antiguo modelo de economía planificada, así entendemos que se abrieron diversas batallas alrededor del servicio público (Belmont, 2011), y en el sistema educativo, el gran debate se centra alrededor del control sobre la asignación de plazas docentes, pues regular el ingreso al servicio docente para retomar la rectoría de la educación por parte del Estado para garantizar un servicio educativo de calidad, no solo ha tenido que ver con el desmantelamiento del poder político del SNTE, sino también con la aplicación de la evaluación como mecanismo de control laboral, situación que ha evidenciado grandes paradojas alrededor del nuevo proceso de selección y contratación docente, en referencia a la profesionalización de la carrera docente, al sistema de formación y a sus instituciones formadoras.

Parte esencial es el SNTE y las relaciones de poder que se dan entorno al control de la asignación de plazas docentes, por ello es importante centrar el análisis en la recomposición corporativa del sindicato a través de los distintos gobiernos (Muñoz Armenta, 2008), en los pactos políticos que le han ayudado a conservar canonjías y privilegios a pesar de las distintas reformas que pretendieron minimizar su intervención en el diseño de la política educativa (Loyo Brambila, 2008) y en la relación atípica partido-sindicato que se establece con el partido Nueva Alianza. La reforma educativa del 2013 significó una nueva relación SNTE-Estado, que de entrada cobró la cabeza de la lideresa Elba Esther Gordillo; la marginación en la mesa de negociaciones de la disidencia magisterial representada por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del normalismo rural representado en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llevo a conformar un amplio bloque en contra de la reforma educativa por considerar que atentaba contra los intereses de la educación pública en nuestro país.

El objetivo se construye a partir del contexto que se impone en la nueva regulación para el ingreso al servicio docente, es decir, la intención es analizar las implicaciones políticas que se generan a partir de la reforma educativa del 2013 y de la aplicación de la ley del Servicio Profesional Docente; la nueva ley está diseñada para regular el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio docente, y aunque pareciera tener una lógica democrática sobre la transparencia y la igualdad de oportunidades, estamos convencidos que la aplicación de la nueva gerencia pública está actuando bajo dos objetivos claros: ejercer mayor control sobre el gasto público y la aplicación de ajustes contractuales y productivos en la recomposición de los servicios públicos. Es decir, en el caso específico de la carrera del docente de educación básica los efectos son visibles, pues al ponerse en juego los acuerdos que regulaban esta profesión, que emergió del proyecto político posrevolucionario, se ha generado un proceso de negociación conflictiva al desestabilizarse los contenidos del empleo y de los marcos contractuales. La instrumentalización de la lógica gerencial que se articula bajo el modelo de competencias y el juego meritocrático que se ha construido en torno al trabajo docente, ha implicado la evaluación de indicadores de desempeño, la fragmentación de colectivos de trabajo y la recomposición de la profesión docente.

La importancia radica, no solo en analizar las consecuencias políticas generadas a partir, de ¿cómo se va a realizar la asignación de plazas docentes?, que sin duda implica un nuevo pacto entre Estado-SNTE y la recomposición de nuevos intereses alrededor de la educación; lo interesante se hace a partir de la armonización de la ley del Servicio Profesional Docente con las leyes estatales de educación; es decir, la descentralización administrativa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) entrego en 1992 la facultad a las autoridades educativas estatales la contratación de su propio personal docente, ¿Qué va a suceder en las entidades con la armonización de las leyes derivadas de la reforma educativa, específicamente, con el ingreso al servicio docente?, ¿las secciones sindicales seguirán teniendo acceso en la asignación de plazas o será el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes el mecanismo para asignar?; lo cierto es que el INEE, a pesar de la reforma educativa, solo tiene atribuciones de diseñar, aplicar y difundir resultados de las evaluaciones, quien conserva el control de los recursos son las autoridades estatales, lo que implica vulnerabilidad para los intereses políticos de ciertos grupos.

La vigencia es actual, el debate que se abre en torno a la regulación a la asignación de plazas docentes se centra en la instrumentalización de la gerencia pública, en la aplicación de la política de calidad en el sector educativo y en el control magisterial a partir de la evaluación al desempeño docente; la resistencia de la disidencia magisterial y del normalismo rural se fundamenta en la defensa de la educación pública, en contraparte, grupos de la iniciativa privada demandan la aplicación de la reforma bajo el derecho de una educación de calidad; lo cierto es que la falta de mediaciones entre el Estado y el magisterio, han abierto distintos escenarios en disputa por la aplicación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El tema de la asignación de plazas docentes es uno de los principales pilares que sostienen la reforma educativa, pero la pregunta sería ¿qué hay más allá de quitarle el control de la asignación de plazas docentes al SNTE?, la intención que marca la misma reforma es clara al pretender “recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado”, pero ¿creando mecanismos de selección que garanticen la contratación del personal docente mejor capacitado se garantizará una educación de calidad?

La importancia en el debate sobre la asignación de plazas docentes es coyuntural, pues tiene que entenderse desde el plano político, y no solo desde la perspectiva educativa, es un problema que trastoca la transición del sector público a una lógica gerencial mercantilizada, la reconfiguración del sistema corporativista y la recomposición del pacto SNTE-Estado, la restructuración de la carrera docente hacia un sistema de evaluación basado en el mérito y en el rezago institucional del sistema de formación docente, en la imposición de nuevos intereses alrededor de la educación y en la aplicación de políticas públicas internacionales en materia educativa; para entender y comprender el problema que persiste en la asignación de plazas docentes es necesario partir del modelo de Estado que diseño e institucionalizó la educación en México, del proyecto político que proyecto al docente de educación básica como un agente de transformación social y que visualizó al magisterio como una organización política dentro de la estructura corporativa del Estado; sin estos antecedentes, es difícil entender la dinámica de transformación que ha implicado la modernización, la política de calidad y la nueva perspectiva de la gerencia pública en el sector educativo.

Conclusiones

La intención es la de observar la nueva regulación sobre la asignación de plazas docentes, más allá de una disputa por el control del recurso o la democratización de un proceso que intenta garantizar la mejora de la calidad de la educación; la nueva legislación sobre el sistema de ingreso al servicio docente ha significado un nuevo pacto político entre el Estado y el SNTE, el restablecimiento de la relación corporativa; ha significado la imposición de nuevos intereses alrededor de la educación y la resistencia de sectores magisteriales ligados a la disidencia que intentan mantener privilegios por encima de los acuerdos; ha significado la recomposición de la profesión docente y evidenciado la vulnerabilidad del sistema de formación docente. La nueva regulación sobre la asignación de plazas docentes no intenta garantizar la mejora del servicio educativo a partir de formar mejores candidatos a ocupar una plaza laboral dentro del sistema, sino a la de mejorar el proceso de selección a partir del mercado laboral que existe, se apela a la competitividad entre candidatos para aplicar mecanismos que garanticen la contratación de los más aptos; sin embargo, al no fortalecer la profesión docente y al abrir la competencia se condena y se evidencia el sistema de formación y la misma profesión docente.

En este sentido es importante analizar las implicaciones políticas que se generan a partir de la nueva legislación que se genera en la reforma educativa del 2013, en materia de asignación de plazas docentes, pues estamos convencidos que no solo es la imposición de la nueva agenda de la competitividad y de la política de calidad, y aunque parezca lógico, no solo se trata de democratizar el proceso de asignación; detrás del nuevo esquema en la asignación de plazas docentes se encuentra la reestructuración de la relación corporativa entre SNTE y Estado, lo que significa que el magisterio seguirá siendo una organización política al servicio del Estado y que la asignación de plazas seguirá siendo la piedra angular del sistema clientelar del SNTE; sin embargo, a partir del nuevo proceso existe una reconfiguración laboral que promueve a partir de la evaluación al desempeño profesional la asignación de plazas o de contratos, la selección de los mejores candidatos en un proceso abierto de concurso nacional, de un periodo de prueba y de una serie de indicadores que evidencien el buen desempeño cada cierto periodo para su recontratación. La plaza docente dejo de ser atractiva por su definitividad, ahora el nuevo esquema laboral para el trabajador de la educación se basa en la evaluación a su desempeño profesional, más como control político que como indicador de calidad, lo que significa una reestructuración de la profesión docente basada en la des-colectivización del gremio y en la eliminación de la intervención sindical en la evaluación individual del docente.

Así pues, el SNTE se convierte de nueva cuenta en una organización política al servicio del Estado en campañas electorales y en simple espectadora de las decisiones en política educativa que avalan el nuevo esquema laboral en pro de la calidad en el servicio educativo, es evidente la reestructuración del sistema corporativo y del autoritarismo como forma de gobierno; la falta de mediaciones en la aplicación de la política de calidad abre escenarios que intentan negociar al margen de los sindicatos, grupos disidentes intentan reagruparse en defensa de los acuerdos políticos que se generaron antes de la modernización en donde se les concedieron facultades políticas y administrativas; sin embargo, a falta de espacios de negociación el poder de facto que los caracteriza es utilizado como último recurso ante el nuevo paradigma que reclama el control de esos espacios.

Las tensiones que se generan en las particularidades del sistema político mexicano, provienen de la paradoja de intentar mantener una estructura corporativa que garantice el control de ciertos sectores de la sociedad, bajo nuevos valores sustentados en la competitividad y el libre mercado como referentes inmediatos del nuevo modelo de Estado neoliberal. En este sentido, el sector público y las intenciones fundantes de las instituciones educativas parecen no encajar en el proyecto de Estado, puesto que la encomienda ya no corresponde a crear valores para construir una identidad nacional, ideologizar masas o rescatar grupos sociales vulnerables; el nuevo paradigma obliga ahora a crear una educación eficiente, productiva, competitiva y de alta calidad.

Bajo estas condiciones entra en crisis el modelo fundador de las instituciones públicas, más aún, cuando la privatización del sector público aparece como el remedio para modernizar y eficientar, en este marco, las resistencias por salvaguardar sectores del sistema educativo que se ven amenazados por la intención de reducir el aparato burocrático y promover el uso racionalizado del gasto público, se tensionan al no existir mediaciones en esta transición al nuevo modelo neoliberal, sin tratar de contextualizar las diferentes situaciones sociales que emergen en este proceso.

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